La Corte Plena del Poder Judicial costarricense aprobó por mayoría el recorte de 13,242 millones de colones ($29.1 millones) al presupuesto 2026, según lo solicitado por el Ministerio de Hacienda dirigido por Rodrigo Chaves, sin embargo, aseguró que esto dejará afectaciones en la prestación de servicios judiciales.
El acuerdo de recorte de fondos establece que de los 13,242 millones, hay 8,687 millones ($19.12 millones) en recursos aprobados por la Asamblea Legislativa para el período 2022-2026 que estaban destinado al fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público para nuevas plazas, inauguración de dos subdelegaciones en La Cruz y Cabo Velas y, una nueva oficina en Puerto Jiménez.
Pese a que los recursos contaban con el avalar legislativo, el Ministerio de Hacienda no autorizó la ejecución de los fondos y excluyó el monto del presupuesto para el próximo año. El resto de los fondos recortados provienen de remanentes por el cambio a dólar, contrataciones sin ofertas y reprogramación de proyectos de infraestructura.
“Este es el mejor esfuerzo institucional ante la situación que enfrentamos. Más allá de esto, no resulta viable. Estaríamos afectando más el quehacer institucional, debido a que los recursos son escasos”, afirmó la directora ejecutiva del Poder Judicial, Eugenia Romero.
Para los magistrados de la Corte Plena, los fondos que le son asignados son necesarios para garantizar la atención de recursos de ciudadanos, proteger derechos fundamentales y mantener acciones que les han permitido desmantelar estructuras criminales con operativos que han terminado en condenas.
Rechazan recorte para 2027
La Corte Suprema de Justicia alegó que este recorte es todo lo que pueden dejar ir en recursos sin tener que comprometer servicios esenciales, por lo que, advirtieron que si el gobierno planea pedirles más recortes, entonces tendrían que tomar medidas drásticas que afectarían directamente en la atención de los usuarios.
No obstante, el gobierno de Laura Fernández les pidió que recorten otros 26,549 millones de colones ($58.5 millones) del anteproyecto de presupuesto para el próximo año 2027, pero la Corte Plena decidió rechazar la solicitud porque consideran que afectaría la lucha contra el crimen organizado, el acceso a justicia, la reducción del rezago judicial y la atención a víctimas de delitos.
El gobierno de Fernández solicitó varios recortes de presupuesto para enfrentar la baja recaudación fiscal sin tener que aumentar impuestos ni recurrir a más deuda soberana. El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que trabajaban en un plan fiscal para atender esta situación.
