La abogada y defensora de derechos humanos Wendy Flores instó este miércoles al Parlamento Europeo a promover una demanda contra la dictadura de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su política de apatridia.
De acuerdo a la jurista, estas prácticas de destierros, exilio forzado y retiro arbitrario de la nacionalidad, contravienen la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Flores, vicepresidenta del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más (CNN+), intervino ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo durante una audiencia dedicada a la lucha contra el exilio forzoso, la privación de la nacionalidad y la apatridia en el mundo.
La jurista describió un patrón sistemático de represión que, según dijo, ha obligado a cientos de miles de nicaragüenses a abandonar el país.
“Nadie se va porque quiere”, expresó, al relatar que ella forma parte de las más de 873.000 personas que han salido de Nicaragua como consecuencia de la persecución política.
Exilio, apatridia y represión transnacional
Flores sostuvo que el destierro, cuando se aplica de forma sistemática contra una población civil, se considera un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional.
Por ello denunció que el régimen siniestro de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha institucionalizado estas prácticas para silenciar voces críticas.
Recordó que desde febrero de 2023 las autoridades han despojado de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses mediante procesos judiciales sin garantías, además de cancelar sus registros civiles y confiscar sus bienes.
“Sus nombres fueron eliminados oficialmente, incluso afectando a niños cuyas partidas de nacimiento fueron alteradas”, afirmó.
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Barbarie contra adultos mayores
Añadió que al menos un 33 % de los afectados son adultos mayores, muchos de los cuales perdieron sus pensiones, lo que agrava su situación de vulnerabilidad en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agregó, ha documentado al menos 292 casos de nicaragüenses impedidos de ingresar a su propio país, lo que los convierte en apátridas de facto.
Esta condición, explicó, limita el acceso a derechos básicos como la salud, el empleo o la educación a las víctimas del destierro de facto.
Flores también alertó sobre la expansión de la represión más allá de las fronteras nacionales por esbirros de la dictadura de Nicaragua.
Citó informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que advierten de una política sostenida de persecución transnacional.
Según datos de su organización, más de 200 exiliados han sufrido amenazas o atentados y al menos nueve han sido asesinados en Honduras y Costa Rica entre 2019 y 2025.
Llamado a acciones internacionales
Ante este panorama, la abogada pidió a la Unión Europea asumir un papel activo en la defensa de las víctimas.
En particular, propuso que el Parlamento Europeo impulse una demanda contra Nicaragua ante la CIJ por violaciones a la normativa internacional sobre apatridia.
Asimismo, solicitó mecanismos para facilitar la adquisición de nacionalidad a personas apátridas y reforzar la protección internacional para quienes permanecen en el exilio.
Flores también instó a denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nicaragüense, incluidos aquellos con carácter extraterritorial.
Ocho años de represión en Nicaragua
“La desnacionalización y el destierro no solo despojan a las personas de su identidad jurídica, sino que buscan borrar su existencia cívica”, advirtió.
La audiencia en el Parlamento Europeo se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de la dictadura Ortega Murillo.
Desde 2018, organismos multilaterales que han denunciaado y documentado detenciones arbitrarias, torturas, cierre del espacio cívico y persecución contra opositores, periodistas y organizaciones civiles.
Flores concluyó su intervención con un llamado a la comunidad internacional a actuar con urgencia.
“Se trata de restituir derechos fundamentales y de frenar una política que pretende convertir el exilio en una condena permanente”, subrayó.
