Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, actualizado a agosto 2023, reveló que bajo la dictadura de Daniel Ortega y familia, persiste la privación de la libertad y la imposición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes como mecanismo para generar terror en la población.
Según la información analizada por el Colectivo, la tortura en Nicaragua ha evolucionado a lo largo de los años desde el inicio de la crisis social del 2018.
“En los 2 primeros años de la crisis (2018-2020), se centró principalmente en la violencia física, muchas veces extrema o de alta intensidad, dirigida a destruir rápidamente a la persona detenida. Esto se hacía con fines ‘investigativos’ o como forma de castigo”, reporta el citado documento titulado La privación de la libertad y la imposición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes como mecanismo para generar terror en la población.
La privación de la libertad y la imposición de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes son ejecutados por el régimen Ortega Murillo como mecanismo para generar terror en la población de #Nicaragua
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Sin embargo, prosigue el informe, en los años siguientes (2020-2022), se introdujeron nuevos métodos “para destruir gradualmente la mentalidad, la moralidad y la estabilidad emocional de las personas”.
“Estos métodos incluían el aislamiento, el hacinamiento, la denegación de atención médica y múltiples amenazas, especialmente contra sus hijos y familiares. Aunque el castigo físico y la violencia siguieron existiendo, el énfasis se desplazó hacia la manipulación psicológica y emocional”, cita el informe.
Crisis prolongada de Derechos Humanos
Nicaragua vive una prolongada crisis de violación de derechos humanos desde 2018, a raíz de protestas sociales aplastadas por el régimen de Ortega y Rosario Murillo, mediante el uso de la violencia a través de la policía, militares, fanáticos de la dictadura y empleados públicos.
Esas acciones dejaron un saldo sangriento de 355 muertos, más de 2,000 heridos, miles de personas exiliadas y desplazadas y miles de personas detenidas, torturadas y enjuiciadas arbitrariamente.
“Hacia finales de 2019 y principios de 2020, el gobierno implementó una política de ‘puerta giratoria’, en la que se recapturó a personas previamente liberadas, junto con otros opositores percibidos. Estos individuos fueron entonces acusados de delitos comunes como robo, posesión o tráfico de drogas y posesión de armas, entre otros”, reza el informe.
El documento menciona que las formas de tortura en Nicaragua han incluido violencia física extrema, aislamiento, hacinamiento, privación de atención médica, amenazas múltiples, destierro y exilio forzado.
“El destierro forzado fue acompañado de otras acciones arbitrarias como la toma de propiedades y la negación de otros derechos como la seguridad social, eliminando los medios de vida de las personas desterradas y de sus familias”, indica el documento.
La dictadura sigue secuestrando a personas inocentes. Sumemos voces de denuncia frente el secuestro de Melba Damaris Hernández, y de las otras personas bajo arresto arbitrario.#LibertadParaDamaris pic.twitter.com/1HxbDfqqyH
— Félix Maradiaga (@maradiaga) August 30, 2023
“El despojo arbitrario de la nacionalidad fue precedido de un clima de agresiones y hostigamientos, entre los que se destacan: atentados contra sus vidas, afectaciones en la salud por el incremento del estrés, ansiedad e insomnio a causa del desplazamiento forzado e involuntario hacia otro país, además de agravar padecimientos que sufrían previos a las detenciones y durante el periodo de encarcelamiento”, revela el informe.
“Asimismo, a estas personas se les ha confiscado sus bienes, se les ha negado su derecho constitucional a la pensión y se les ha estigmatizado como ‘traidores a la patria’” dice el documento.
El Colectivo menciona varias violaciones de derechos humanos registradas en Nicaragua, que han generado un clima de terror y represión en la población:
- Prisión arbitraria y traslado forzoso.
- Tortura sistemática y generalizada.
- Hostigamiento policial contra familiares de personas presas políticas.
- Vigilancia, allanamientos ilegales y asedio permanente por parte de la policía.
- Abusos sexuales durante inspecciones corporales.
- Amenazas y recapturas bajo cargos “comunes”.
- Anulación de la independencia de los Poderes del Estado.
- Control absoluto del legislativo y caricaturización del Poder Judicial.
- Uso de fuerzas paraestatales para privar de la vida a personas y detener y torturar manifestantes.
- Censura al periodismo y anulación de partidos políticos de oposición.
