El Partido Liberal de Honduras calificó como falsas y arbitrarias las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sobre una presunta falta de liquidación de fondos de capacitación que justificaría la retención parcial de la deuda política correspondiente a esa organización.
En un comunicado difundido este fin de semana, el Partido Liberal lamentó las afirmaciones del funcionario, al tiempo que reiteró haber cumplido “rigurosamente” con todas las exigencias de transparencia y rendición de cuentas establecidas por el CNE. “Todas las observaciones realizadas en su momento fueron debidamente subsanadas, y a la fecha no existe ningún requerimiento pendiente”, aseguraron.
Lamentamos profundamente las recientes declaraciones del consejero Marlon Ochoa respecto al pago parcial de la deuda política al Partido Liberal, en las que falsamente afirma una supuesta falta de liquidación de fondos de capacitación. Rechazamos categóricamente esas… https://t.co/U5zD0zEC9Q
— Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) June 13, 2025
Ochoa, representante del partido oficialista Libre ante el CNE, declaró el viernes que al Partido Liberal le correspondían 23.7 millones de lempiras ($959,108) por concepto de deuda política, pero solo se transferirían 8.3 millones ($336,032) alegando que la organización aún no ha liquidado más de 15 millones de lempiras ($607,287) correspondientes al proceso electoral de 2021. También mencionó a los partidos PINU y Democracia Cristiana (DC) en una situación similar.
Ante esto, el Partido Liberal denunció que la medida de retención “sienta un precedente preocupante para la institucionalidad y la relación entre los partidos políticos y el Estado”, al considerar que se ha cumplido con todas las disposiciones legales. El partido sostuvo que no hay razón legal que justifique la retención de los fondos y exigió que se corrija lo que consideran una decisión injustificada.
El tema añade tensión a la relación entre los partidos opositores y el órgano electoral en un año clave de cara al proceso electoral de 2025, donde la transparencia y la independencia de las instituciones serán fundamentales para garantizar la credibilidad del proceso.
