El régimen de Daniel Ortega se alineó este viernes en defensa de Dante Mossi, ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y aliado cercano, luego de que dicha entidad financiera lo señalara en una corte de Estados Unidos por varios delitos de corrupción durante su mandato.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la dictadura nicaragüense manifestó su rechazo a la querella.
“No apoyamos ni nos asociamos con esta acusación. Creemos que el BCIE debe enfocarse en su función de financiar a los países, evitando maniobras mediáticas que puedan perjudicar su reputación y ser manipuladas con fines políticos”, indicó el documento, firmado por Bruno Gallardo Palaviccini, ministro de Hacienda y delegado de Nicaragua ante el BCIE.
El régimen de Ortega también criticó la decisión del BCIE de llevar el asunto a una jurisdicción extranjera, recordando que Estados Unidos no es miembro accionista del banco.
“Este tipo de decisiones debió ser consultado y consensuado con los Gobernadores y Directores de nuestros países, considerando que Dante Mossi recibió nuestro respaldo durante su administración”, puntualizó el régimen, uno de los mayores beneficiados de las gestiones de Mossi.
Fue precisamente ese apoyo por el cual Mossi fue cuestionado y bautizado como “el banquero de la dictadura”.
El apoyo a Mossi se produce en medio de crecientes tensiones entre Nicaragua y el BCIE. A principios de este año, la presidenta del banco, Gisela Sánchez, señaló la excesiva concentración de fondos en Nicaragua y El Salvador, lo que provocó una dura réplica del régimen de Ortega.
Mossi, por su parte, se declaró “sorprendido” por la denuncia, sugiriendo que podría estar vinculada con su demanda de una indemnización laboral de 2,5 millones de dólares ante la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua.
Además, negó que Nicaragua haya sido el principal beneficiario de los créditos del BCIE durante su administración (2018-2023), asegurando que fue el tercer país receptor, detrás de Costa Rica y El Salvador.
El BCIE acusa a Mossi de manipulación del mercado, interferencia indebida, violaciones de contratos y la Ley RICO, una legislación anticorrupción de Estados Unidos. La querella también señala múltiples incumplimientos de políticas internas del banco
