Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión han instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que exija a Nicaragua medidas efectivas para proteger la libertad de prensa y de expresión en el país, en el contexto de la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) que se llevará a cabo en Ginebra el próximo 13 de noviembre.
Desde el estallido de las protestas sociales en Nicaragua en 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado una campaña de represión sistemática contra voces críticas, incluidos periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil.
Informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado abusos que van desde detenciones arbitrarias hasta torturas, así como acoso judicial y espionaje contra comunicadores y defensores de derechos humanos.
En los últimos cinco años, al menos 278 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio, según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
El régimen nicaragüense niega estas acusaciones y sostiene que no existen violaciones a la libertad de prensa en el país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos contradicen esta afirmación, destacando que desde 2019 se han registrado más de 5.600 cierres forzosos de ONG, medios de comunicación y asociaciones religiosas, con el objetivo de eliminar cualquier espacio de disenso.
Además, la represión se ha extendido a través de leyes restrictivas, como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, que se utilizan para criminalizar y silenciar a los opositores.
La escalada de represión ha generado un clima de autocensura en los pocos medios que aún operan en el país bajo constante vigilancia y amenazas de cierre.
La comunidad internacional ha señalado el caso de Nicaragua como uno de los ejemplos más graves de represión en la región.
Según ACNUR, más de 440.000 personas han sido desplazadas forzosamente desde 2018, representando un 6,5 % de la población nicaragüense, lo que refleja la magnitud de la crisis.
Las organizaciones firmantes del comunicado —que incluyen a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y PEN Internacional— han solicitado que el Consejo de Derechos Humanos emita recomendaciones para que Nicaragua garantice la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo sin represalias.
Asimismo, instan al Consejo a que adopte medidas concretas para proteger a los periodistas y a otros defensores de derechos humanos, y exigen al régimen de Ortega que cese las persecuciones, respetando sus compromisos internacionales en derechos humanos.
La situación en Nicaragua sigue siendo una de las principales preocupaciones en el ámbito de los derechos humanos en América Latina, y la comunidad internacional observa con atención las acciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda tomar ante esta crisis.
