Organizaciones de derechos humanos denuncian desaparición forzada del disidente nicaragüense Eddy González Valdivia

Organismos piden proteger la vida del exmilitar y docente universitario, cuya familia denuncia su desaparición forzada en prisión desde 2024

Eddy Gonzalez Valdivia

Reo político de Nicaragua, Eddy González Valdivia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exige a la dictadura de Nicaragua la liberación inmediata del catedrático y militar en retiro Eddy González, desaparecido en la cárcel desde 2024.

El organismo internacional advierte sobre el riesgo extremo para su vida e integridad física dentro del sistema penitenciario del militar retirado.

Agentes policiales capturaron y golperon brutalmente a González Valdivia, de 66 años, el 14 de julio de 2024 en la ciudad de Estelí.

La detención ocurrió tras denunciar públicamente el arresto y la posterior expulsión hacia Estados Unidos de su hermana, la periodista Nohelia González.

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Detención violenta y aislamiento extremo

Durante el operativo, el ingeniero agrónomo recibió un impacto de bala y sufrió múltiples golpes de los agentes de la dictadura.

Tras una breve estancia hospitalaria, las autoridades lo trasladaron al penal de máxima seguridad conocido como La Modelo, en Tipitapa.

Testimonios de excarcelados señalan que Gonzalez permanece en una celda de castigo denominada “El Infiernito”, sin derecho a abogados, visitas y medicinas

Allí soporta temperaturas superiores a los 45 grados, carece de atención médica y no tiene acceso a sus medicamentos para la diabetes y la hipertensión.

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Eddy González Valdivia, reo político de la dictadura de Nicaragua.

Alerta por desaparición forzada

En octubre de 2024, la fiscalía de la familia dictatorial Ortega Murillo propuso una pena de 22 años de cárcel por homicidio frustrado y otros delitos fabricados.

En los años 70 combatió como guerrillero contra Somoza y luego alcanzó el grado de mayor en el Ejército. Sin embargo, su postura crítica frente al régimen represivo de Daniel Ortega motivó su arresto.

Ante el aislamiento absoluto y la negativa estatal a permitir visitas, la familia inició gestiones en enero de 2026 para declararlo en condición de desaparición forzada.

Ante la gravedad del caso, la Corte IDH amplió sus medidas provisionales y ordenó certificar la salud del prisionero. El tribunal remarcó la urgencia de su liberación ante las condiciones inhumanas de su cautiverio.

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