La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la noche del viernes que ha aceptado mediar en la crisis sociopolítica que vive Guatemala ante las protestas sociales que ha volcado a la población ante las acciones que realiza el Ministerio Público para deslegitimar las elecciones en la que quedó electo Bernardo Arévalo.
La OEA designó al exministro de defensa de Uruguay, Luis Rosadilla; y a la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad, Maricarmen Plata, para atender la solicitud de mediación que Guatemala ha formulado para llegar a consensos entre manifestantes y gobierno.
El Gobierno de Guatemala envió una misiva en la que expone los motivos por la que solicita el involucramiento de la OEA en el asunto, luego de estar sumergido en un laberinto de protestas sociales que demandan el cese de las acciones que está realizando el Ministerio Público y que pone en peligro la democracia del país centroamericano.
“Considerando el compromiso que ha demostrado la OEA con Guatemala, en nombre del Señor Presidente de la República, Doctor Alejandro Giammatei Falla, me dirijo a usted derivado de los últimos acontecimientos suscitados en el país por el paro nacional, que ha provocado limitaciones en el cumplimiento del derecho a la libre locomoción y demás derechos constitucionales”, dice la carta enviada a Luis Almagro, secretario general de la OEA de parte de Mario Adolfo Búcaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Además, el ministro añade que, “en este sentido, se le extiende a Usted una invitación para iniciar un proceso de mediación, a través del establecimiento de mesas de diálogos, que permita que los guatemaltecos encuentren consensos entre los distintos sectores, para coadyuvar a la cohesión social del país”.
En correspondencia Almagro, ha manifestado su la voluntad del organismo de mediar en el proceso, por ello indica que “aceptamos solicitud del Gobierno de Guatemala para efectuar tareas de mediación entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el Gobierno”.
Las protestas llegaron a su sexto día este sábado y demandan la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras y su fiscal más cercano, Rafael Curruchiche, así como al juez Fredy Orellana, quienes son señalados de dirigir una persecución judicial contra el Movimiento Semilla de Orlando Arévalo y propiciar un “golpe de Estado” para impedir la asunción de Arévalo.
