El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles 23 de septiembre la celebración de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para el próximo 2 de octubre.
Los cancilleres del hemisferio definirán las medidas que aplicarán ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes anunciaron la abolición de los comicios e impulsaron una reforma constitucional para afianzarse en el poder.
La decisión contó con el copatrocinio de Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Chile, Canadá y Perú.
El presidente del Consejo Permanente, Steve Ferrol, ratificó la adopción de la convocatoria tras certificar la ausencia de objeciones entre las delegaciones.
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Encuentros privados previos a la plenaria
La jornada arrancará a primera hora con el registro de las delegaciones y una sesión preliminar a puerta cerrada en la sede del organismo en Washington.
Posteriormente, los ministros inaugurarán la cita oficial en el Salón de las Américas, donde elegirán a la junta directiva y aprobarán la agenda de trabajo.
Durante la sesión plenaria, los representantes diplomáticos examinarán la crisis política nicaragüense y adoptarán acciones concretas al amparo de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La convocatoria internacional responde a la reciente aprobación en primera legislatura del proyecto constitucional impulsado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
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20 años de dictadura
La enmienda amplía el periodo de gobierno de seis a siete años, elimina la competencia electoral en favor del oficialismo y otorga al Poder Electoral la decisión de anular candidaturas que a criterio de Ortega y Murillo, sean “traidores a la patria”.
El Ejecutivo prevé ratificar el texto en segunda legislatura el 18 de enero de 2027, en un desafío directo a la comunidad internacional.
Estados Unidos lideró la propuesta diplomática tras intensificar su presión unilateral sobre Managua.
El régimen Ortega-Murillo, que suma 19 años consecutivos al frente del país central, afronta denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, persecución política y la detención de decenas de opositores.