El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad el martes un paquete de reformas que endurecen el régimen penitenciario para las personas capturadas por su presunta pertenencia a organizaciones declaradas terroristas, quienes podrán ser recluidas en cárceles de máxima seguridad y áreas de aislamiento incluso mientras esperan ser juzgadas.
Las disposiciones establecen que los privados de libertad permanecerán en celdas individuales y no podrán circular libremente dentro de los centros penitenciarios. Únicamente podrán abandonar sus celdas bajo escolta permanente y durante horarios autorizados. Honduras considera organizaciones terroristas a la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y a carteles internacionales de la droga.
“Desde los centros penales no se puede seguir ordenando delitos. Vamos a trabajar en equipo por la seguridad de Honduras”, expresó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano.
El régimen también prohíbe poseer o acceder a teléfonos, computadoras, televisores, radios, equipos audiovisuales y otros dispositivos que permitan comunicaciones no autorizadas. Las autoridades reforzarán además los sistemas tecnológicos destinados a interferir comunicaciones por teléfonos celulares y satelitales.
Las llamadas telefónicas quedarán limitadas a una al mes, con una duración máxima de 10 minutos, únicamente hacia números previamente autorizados y bajo supervisión y grabación. La correspondencia escrita estará sometida a revisión, mientras se prohíbe el ingreso de dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos, bebidas y otros artículos que no hayan recibido autorización de las autoridades penitenciarias.
Las visitas familiares serán excepcionales, necesitarán autorización judicial o del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y deberán realizarse sin contacto físico. Las visitas conyugales o íntimas quedan prohibidas, mientras que los encuentros con abogados estarán limitados a un máximo de una vez por semana y se efectuarán bajo condiciones de vigilancia.
Los internos sometidos al régimen dispondrán de un máximo de una hora semanal para recibir sol o permanecer en el patio, de forma individual o en grupos de hasta dos personas y bajo estricta vigilancia. También deberán utilizar una vestimenta especial de forma permanente y las actividades laborales, educativas, religiosas, recreativas o de rehabilitación tendrán que ser previamente programadas, autorizadas y controladas.
Las reformas contemplan además vigilancia permanente mediante cámaras, sensores y personal de seguridad, junto con requisas diarias. También restringen la convivencia con internos de otros regímenes y establecen que las audiencias durante los procesos penales se desarrollarán de manera virtual.
“Este tema no es un juego, es para darle seguridad al pueblo hondureño, es para darle herramientas legales a defensa y seguridad”, sentenció Zambrano.
El paquete incluye cambios al Código Procesal Penal que contemplan eliminar las medidas sustitutivas para personas capturadas por su presunta pertenencia a grupos declarados terroristas, por lo que permanecerían en prisión preventiva de máxima seguridad mientras esperan juicio. También establece que estas capturas sean consideradas en flagrancia aun cuando la persona no esté ejecutando una acción criminal al momento de su detención y contempla jueces especializados para estos procesos.