La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza la desaparición forzada como arma política para aplastar la disidencia, revela un informe presentado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El informeereporte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, denuncia este 22 de septiembre un patrón sistemático de control político en el país.
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Anatomía del control total
El documento determina que la represión gubernamental causó la muerte bajo custodia de ocho detenidos políticos desde el año 2018.
Entre las víctimas mortales figuran el líder indígena miskito Brooklyn Rivera y el propio hermano del dictador, Humberto Ortega.
Las investigaciones revelan que la versión oficial sobre el fallecimiento de Rivera presenta graves contradicciones e incoherencias médicas insostenibles.
Expertos independientes señalan que el Estado apresó al opositor, deterioró su salud y ocultó información hasta su fallecimiento en mayo.
Las autoridades negaron una autopsia independiente y apresuraron el entierro sin permitir el último adiós de la familia, a cuyos miembros detuvieron y mantienen desaparecidos hasta hoy.
El informe expone condiciones de detención deplorables y la vulnerabilidad extrema a la que someten a los prisioneros.
Desmantelamiento de derechos
Los investigadores analizaron 17 casos ilustrativos de desapariciones dentro de un registro documentado de 161 víctimas desde 2018.
El informe exige revelar el paradero de 29 personas que continúan desaparecidas hasta la fecha en el país centroamericano.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, afirma que un Estado que permite muertes bajo custodia incumple los estándares democráticos mínimos.
El informe coincide con la advertencia de Ortega sobre el fin de las elecciones competitivas en la nación centroamericana, el pasado 19 de julio.
Para el Grupo de la ONU, este anuncio confirma el desmantelamiento absoluto de los cimientos y derechos fundamentales del país.
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Cadena de violaciones en fila
Los expertos afirman que el Poder Ejecutivo ejerce un control centralizado sobre la Policía, las prisiones y los tribunales.
Esta red institucional encubre las violaciones de derechos humanos mediante acciones coordinadas entre fiscales, jueces y mandos policiales.
Aunque las autoridades difundieron videos de detenidos, la ONU aclara que esos materiales no prueban el buen trato a los presos.
Las grabaciones en régimen de incomunicación no eximen al Gobierno de sus obligaciones internacionales de permitir una supervisión independiente.
Las denominadas desapariciones de corta duración han evolucionado desde 2023 hacia cautiverios prolongados de varios años de duración.
El aislamiento forzado sume a los prisioneros y a sus familiares en padecimientos que constituyen tortura y tratos crueles.
El subregistro de casos aumenta constantemente debido al clima de terror y al desmantelamiento de la sociedad civil organizada.
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Rendición de cuentas
El Grupo solicita la devolución inmediata de los restos de Brooklyn Rivera a su comunidad para cumplir los ritos miskitos.
La resolución urge además la liberación incondicional de todos los presos políticos y la investigación rigurosa de cada muerte ocurrida.
Reed Brody, miembro del Grupo, exige a la comunidad internacional adoptar medidas efectivas contra los responsables de estos delitos.
La desaparición forzada, la detención arbitraria y las torturas son consideradas por la Justicia Internacional como crímenes de lesa humanidad.
Piden juicio a los Ortega Murillo
El organismo pide activar la jurisdicción penal universal y la cooperación judicial entre naciones para juzgar a los perpetradores.
Ariela Peralta, experta del organismo, sostiene que los gobiernos disponen de pruebas suficientes para señalar directamente a los ejecutores.
Tras casi cuatro años de investigaciones minuciosas, el equipo investigador concluye que la evidencia reunida es completamente contundente y aporta evidencias del papel de Ortega y Murillo en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Las agencias internacionales consideran que el desafío actual ya no radica en analizar el conflicto, sino en actuar decididamente.