El Congreso de Guatemala aprobó este martes una exención temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) aplicados a los combustibles, una medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca reducir directamente los precios pagados por los consumidores. La normativa fue aprobada como Decreto 22-2026.
Los diputados modificaron el orden del día para conocer la propuesta y la aprobaron en un único debate con 149 votos a favor, ninguno en contra y 11 ausencias, luego de cerca de dos horas de discusión. La ley establece que las exenciones deben trasladarse obligatoriamente al precio que paga el consumidor final.
“”Es un Decreto que la población quería, los diputados hicieron lo que el pueblo quería. Hoy cuentan con la suspensión temporal de los impuestos a las gasolinas y el diésel”, dijo el presidente del Congreso, Luis Contreras.
Las estimaciones incluidas en la propuesta señalan que la eliminación temporal de los impuestos permitiría una reducción aproximada de Q9.10 por galón de gasolina regular ($1.19 ), Q9.41 en la superior ($1.23) y Q6.34 en el diésel ($0.83). Con esas rebajas, los precios podrían ubicarse alrededor de Q32.90 para la regular ($4.31), Q34.59 para la superior ($4.53) y Q40.66 para el diésel ($5.33).
La exención tendrá un impacto estimado de Q3,318.4 millones ($434.83 millones) en los ingresos tributarios de Guatemala. De ese monto, Q1,986.2 millones (aproximadamente $260.27 millones) corresponderían a recursos que dejarían de recaudarse por IVA y otros Q1,332.2 millones por el IDP (174.57 millones), según las proyecciones incluidas en la iniciativa.
La normativa obliga además a que las facturas electrónicas detallen el valor del beneficio fiscal correspondiente a cada galón despachado. También establece mecanismos de supervisión y sanciones para quienes no trasladen al consumidor final la reducción generada por las exenciones tributarias.
El decreto fija un plazo de cinco días hábiles para elaborar el reglamento correspondiente después de que la normativa cobre vigencia. También prohíbe extraer del territorio guatemalteco los combustibles beneficiados con las exenciones, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 las gasolinas superior y regular, el diésel y el gasoil dejarán de recibir el beneficio tributario.
La nueva medida surge después de que el Congreso aprobara el 9 de septiembre el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, que contempló hasta Q2,500 millones para contener el impacto de los altos precios durante el resto de 2026. Sin embargo, la normativa recibió objeciones legislativas que impidieron su envío al Ejecutivo.
El Decreto 22-2026 queda ahora pendiente de la sanción o veto del presidente Bernardo Arévalo antes de su entrada en vigor. La medida representa una alternativa al mecanismo de estabilización aprobado previamente por el Legislativo y busca que la reducción tributaria se refleje directamente en el precio de las gasolinas y el diésel para los consumidores guatemaltecos.