Los desesperados intentos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por asumir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) pone en jaque la relación de cooperación entre la Unión Europea (UE) y la región, a criterio de expertos y analistas.
Este organismo, creado para promover la democracia, el desarrollo y la paz, enfrenta el riesgo de ser instrumentalizado por un gobierno acusado de violar sistemáticamente los derechos humanos, denunciaron en un foro internacional.
Desde la crisis de 2018, marcada por la represión de protestas y el colapso democrático en Nicaragua, el país se ha aislado de gran parte de la comunidad internacional.
Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo ve en el SICA una plataforma para recuperar algo de legitimidad a nivel regional e internacional, un objetivo que preocupa tanto a actores locales como a socios externos como la UE.
La dictadura ha insistido en una reunión con los cancilleres de Centroamérica en busca de elegir a su excanciller, Denis Moncada Colindres, como titular del SICA. Moncada Colindres es un incondicional de la dictadura que ha justificado las violaciones de derechos humanos y se ha declarado abierto enemigo de Estados Unidos. Mientras fue canciller también expulsó a la embajadora de Países Bajos -un destacado miembro de la UE- y al nuncio apostólico del Vaticano.
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Un espacio en disputa
El SICA, fundado con el Protocolo de Tegucigalpa en 1991, se ha beneficiado históricamente de la cooperación europea, con una inversión de 120 millones de euros entre 2014 y 2020 y una previsión de otros 50 millones para el periodo 2021-2027.
Este respaldo tiene como objetivo fortalecer la integración regional y apoyar proyectos de desarrollo y democracia, pero podría verse comprometido si el régimen de Nicaragua asume su liderazgo.
Haydée Castillo, del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, denuncia que permitir al régimen Ortega-Murillo ocupar la Secretaría General sería una contradicción con los principios fundacionales del SICA.
“El gobierno nicaragüense contradice los objetivos de paz, democracia, desarrollo y libertad”, enfatizó Castillo, quien aboga por que la UE utilice su posición de observadora y financiadora para evitar que Nicaragua se apropie de esta plataforma.
La instrumentalización de la cooperación internacional
La relación de Nicaragua con organismos internacionales es cada vez más ambigua, escasa y contradictoria.
Mientras rompe lazos con instituciones como la OEA y mantiene una relación tensa con la ONU, sigue recibiendo financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde 2018, año en que inició la peor etapa de la represión en la historia de Nicaragua, estas instituciones han aprobado 4.350 millones de dólares para 88 proyectos en Nicaragua, lo que genera críticas por no condicionar estos fondos al respeto de los derechos humanos.
Marcelo Azambuja, del Instituto Internacional Raza e Igualdad, destaca que estas instituciones financieras operan bajo criterios estrictamente económicos y evitan involucrarse en cuestiones políticas. Sin embargo, esta postura genera cuestionamientos sobre su complicidad tácita con un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad.
Impacto en la cooperación UE-SICA
La Unión Europea enfrenta un dilema en su relación con el SICA. Si bien el acuerdo de asociación firmado en 2012 entre la UE y Centroamérica fomenta la cooperación regional, la inclusión de un régimen como el de Nicaragua en el liderazgo del organismo podría debilitar la confianza en este modelo.
Haydée Castillo insta a Bruselas a revisar este acuerdo para garantizar que los fondos europeos no sean utilizados por regímenes autoritarios, como el de Ortega Murillo.
Además, Castillo advierte que permitir al régimen nicaragüense asumir la Secretaría General del SICA sería un paso atrás en los esfuerzos por promover la democracia en la región.
“La dictadura de Nicaragua busca una legitimidad que ya no tiene en muchos ámbitos”, afirma, subrayando la necesidad de que la UE ejerza presión para evitar que el SICA se convierta en una herramienta de propaganda para la dictadura.
La situación plantea preguntas sobre el papel de la comunidad internacional en la crisis de Nicaragua.
Mientras la UE evalúa su posición, actores como el BCIE continúan proporcionando apoyo financiero al régimen.
Marcelo Azambuja insiste en que la presión coordinada de diversos actores será clave para resolver la crisis nicaragüense.
“Las instituciones financieras internacionales no deben ser cómplices de un régimen responsable de crímenes de lesa humanidad”, afirmó.
En este contexto, la posible llegada de Ortega-Murillo al liderazgo del SICA podría convertirse en un punto de inflexión para la cooperación internacional con Centroamérica.
La UE y otros actores internacionales enfrentan el desafío de proteger los valores de democracia y derechos humanos, mientras aseguran que sus esfuerzos de integración regional no sean instrumentalizados por regímenes autoritarios.
