La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, informó que buscará durante su mandato que se endurezcan las penas de prisión y que se aumente a 12 meses el año carcelario, pues la aplicación actual la considera una “alcahuetería”.
Fernández dijo durante su discurso de toma de posesión que promoverá reformas para endurecer las penas y que el año carcelario deje de ser de ocho meses y que aumente a los 12. El oficialismo costarricense consiguió 31 de los 57 diputados, lo que le da un gran margen de maniobra.
Con estos cambios, la mandataria recién juramentada pretendería eliminar mecanismos para reducciones de penas y que en su lugar haya “un cumplimiento efectivo” de las condenas. Asimismo, se reducirían beneficios para condenados.
Aunque con la banca oficialista no podría reformar por si sola la Constitución de la República, sí podría modificar leyes secundarias. Fernández ya anunció también que impulsará una “reforma profunda” que no implique tocar la separación de poderes.
Aunque su superministro, Rodrigo Chaves dijo durante una entrevista que buscará que Fernández le permita “recuperar el Órgano Judicial” para sacar funcionarios y modificar su estructura. Chaves dijo que gestionaría alianzas con opositores para lograr las reformas que quiere.
Fernández ha prometido desde la campaña presidencial “mano dura” contra los criminales, el narcotráfico y el crimen organizado, que considera han encontrado “dieta” en el sistema costarricense. Por eso, considera necesario revisar la institucionalidad, aunque descartó trastocar la separación de poderes.
La nueva mandataria ejercerá la presidencia en el período 2026-2030 y dice ser la heredera “del cambio” que inició con el gobierno de Chaves, quien fungirá como su ministro de la Presidencia y de Hacienda, ejerciendo como enlace con la Asamblea Legislativa.
