La historia de Gabriela (nombre ficticio) revela el engranaje represivo de la dictadura. Ella salió de Nicaragua para visitar a sus familiares en el exterior. Al intentar regresar, la aerolínea le informó que su ingreso estaba prohibido.
“Primero pagué 1.000 dólares para que revisaran mi caso. Luego me dijeron que debía entregar 5.000 más si quería entrar al país. Amenazaron con confiscarme todo si no cooperaba”, relató a Centroamérica 360
Como ella, cientos de nicaragüenses han tenido que negociar con funcionarios del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Migración y Extranjería, los brazos ejecutores de la política estatal de destierro y apatridia.
Según los amplios testimonios obtenidos, el esquema es claro: primero le notifican a las aerolíneas que X o Y persona en lista de abordaje con destino a Managua, no están autorizadas a viajar. Estas comunican a los viajeros la medida adoptada por Nicaragua.
Aquí comienza el calvario: las personas afectadas entran en shock, las invade el miedo a que les pase algo a sus familias o a sus bienes o entran en pánico al quedarse varados a miles de kilómetros de distancia, quizás en países donde no tienen ningún contacto o arraigo.
Luego, funcionarios de migración contactan a la persona directamente y les dicen que han sido vetados por estar en listas negras por difamar, criticar o quejarse de la dictadura atroz que azota a Nicaragua desde 2007.
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Extorsiones de todo precio
“Nos dicen primero que estamos clasificados como terroristas, golpistas o traidores a la patria”, relata uno de las víctimas desde un país de Centroamérica a donde aterrizó después de varios días varado en Estados Unidos.
Luego los mismos funcionarios del régimen le ofrecen una “oportunidad” de resolver su caso: primero un “anticipo” de 1.000 dólares para estudiar el expediente; después, una cifra variable que puede superar los 50.000 dólares, dependiendo del perfil de la persona, sus recursos económicos y los supuestos “vínculos” con la oposición.
Los casos documentados por este medio y organizaciones de derechos humanos coinciden en un patrón: a las víctimas se les exige discreción, se les retienen documentos y, en muchos casos, se les pide firmar cartas de “perdón” dirigidas al “comandante” Ortega y a la “compañera” Murillo, como los funcionarios llaman a la pareja dictatorial.
Luis Cañas: el arquitecto de la apatridia
En el centro de estas maniobras se encuentra un personaje oscuro y siniestro: Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior.
Exmilitar y figura clave de la represión y espionaje sandinista, Cañas ha acumulado poder en áreas sensibles del régimen y lo aplica arbitrariamente.
Según denuncias de organismos internacionales, es el cerebro de las políticas de destierro y apatridia: coordina la anulación de pasaportes, notifica a las aerolíneas negar el embarque y supervisa las listas de viajeros para decidirquién puede o no ingresar a Nicaragua.
Pero su poder no termina en el ámbito migratorio. Cañas también dirige el sistema penitenciario nacional, donde, según la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desaparecen y torturan a opositores.
Su perfil combina dos funciones: carcelero de prisioneros políticos y verdugo migratorio de exiliados, roles que lo convierten en pieza central del aparato represivo sandinista desde 2018.
Además, entre 2021 y 2024, Cañas estuvo señalado de facilitar el tráfico humano a gran escala: bajo su gestión, el Aeropuerto Internacional de Managua funcionó como trampolín para casi un millón de migrantes rumbo a Estados Unidos, en un negocio millonario que fortaleció los ingresos del régimen.
Testimonios de apátridas y extorsionados
A una empresaria que salió a la graduación de su hijo en Estados Unidos le negaron volver al país. Como pudo, logró hacer contactos con funcionarios de alto nivel de la dictadura y le dijeron que no podía volver porque había apoyado las protestas de 2018.
Dos días después, un funcionario de Migración de mediano nivel la contactó y le dijo que por $50 mil podía negociar la entrada.
Le dio un número de cuenta bancaria dentro de Nicaragua. Cuando ella le preguntó que si no podía hacerle una rebaja, le dijo que podía rebajarle hasta $45 mil porque “borrarla del sistema” era cada vez más difícil.
La mujer pagó un monto negociado a través de transferencias bancarias dentro de Nicaragua y pudo volver al país. Ha jurado que no va a volver a salir y teme que siga siendo objeto de vigilancia.
Otro caso: Un nicaragüense que se fue con el parole a Estados Unidos. Estuvo un poco más de dos años allá, cuando Trump canceló el parole, tomó la decisión de volver a Nicaragua para evitar persecución migratoria.
Su padre estaba grave de salud y pensó en volver para acompañarlo en sus últimos días de vida. Pero cuando llegó al aeropuerto, la aerolínea Spirit le dijo que estaba vetado por el gobierno de Nicaragua.
A través de amigos en Nicaragua, logró contactar con funcionarios de Migración. Le pidieron $10 mil y la promesa de “borrarlo del sistema” por su participación en las manifestaciones de 2018.
Como en la mafia: no hay garantías de nada
Entonces respondió que no tenía el dinero. Le ofrecieron rebajarle a $7 mil. Intentó nuevamente volver con otra aerolínea estadounidense y le repitieron lo del veto, entonces le tomó una constancia de impedimento a la compañía de vuelos y con ese documento ha presentado una solicitud de asilo en Estados Unidos.
Su padre murió en todo el proceso y no pudo despedirse personalmente de él.
Una mujer de 75 años, madre de tres hijos en el exterior, dos en Estados Unidos y uno en Guatemala, solía hacer una vez al año una gira para visitar a sus hijos y nietos.
Iba a Estados Unidos, pasaba un mes allá con cada hijo y luego venía a Guatemala y se quedaba con su hija ahí para luego volver a NIcaragua. Era una rutina de los últimos 20 años.
Cuando intentó tomar su vuelo de Guatemala a Managua, le dijeron que estaba vetada de volver. Ella nunca participó en marchas ni protestas, no tiene redes sociales, pero la consideran “golpista” porque es señora de misa diaria.
La hija que vive en Guatemala contactó a un “viejo amigo” cercan al régimen de NIcaragua y le dijo que consultaría. Un día después le dijo que por $10 mil arreglaba eso con un contacto del Ministerio del Interior.
La familia tiene los recursos para pagarlos, pero decidieron que la señora se quede en Guatemala porque temen que no la dejen salir de nuevo y no la vuelvan a ver. Además saben que la dictadura no da garantías de seguridad a los nicaragüenses una vez que los clasifican como “golpistas”.
Multas, “donaciones” y cartas de rendición
Las formas de extorsión varían según los testimonios, pero todas tienen dos intenciones y un objetivo: someter y doblegar a los nicaragüenses considerados no sandinistas y aparte, engrosar la cartera de la dictadura.
En algunos casos, además del pago en efectivo, se exige a los afectados participar en actividades partidarias o financiar proyectos del Frente Sandinista como prueba de “buena voluntad”.
Josseling, otra víctima, empresaria mediana, contó que después que le autorizaron ingresar, se le pidió “apoyo económico” para actividades del partido. Aunque no fue un requisito escrito, la amenaza implícita era clara: sin ese aporte, su permanencia en Nicaragua no estaba garantizada.
Tuvo que aportar $5,000 para el Consejo de Liderazgo Sandinista de su barrio y fue obligada a salir en los medios oficialistas como “militante”.
Otros relatan que, además de las sumas en dólares, fueron obligados escribir cartas solicitando “perdón” a Ortega y Murillo, reconociendo su “error” por criticar al gobierno en redes sociales o por mantener contacto con familiares opositores.
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Listas negras y control total
El mecanismo empieza antes de que el avión aterrice. Las aerolíneas están obligadas a entregar con tres días de anticipación la lista de pasajeros que viajan a Nicaragua. Esa información se cruza con bases de datos alimentadas por la Policía, el Ejército, Ministerio del Interior y Telecomunicaciones y Correos.
Rastrean en redes sociales, consultan los expedientes de los migrantes y basta con encontrar una publicación crítica en redes sociales para que se active el veto.
La Dirección General de Migración, subordinada directamente al Ministerio del Interior, ejecuta la orden. El caso de la influencer Valeria Sánchez, retenida un mes antes de poder ingresar, mostró la arbitrariedad del proceso: no existía una orden judicial, solo la voluntad del régimen.
Según fuentes del sector empresarial, solo en 2025 se registraron más de 600 prohibiciones de entrada entre empresarios, personal de compañías privadas y familiares de ellos. Muchas familias quedaron varadas en aeropuertos extranjeros, obligadas a cancelar viajes y celebraciones familiares.
Extorsión masiva y consecuencias humanas
El impacto humano es devastador. Familias separadas, ciudadanos convertidos en apátridas de facto, personas obligadas a elegir entre pagar sumas exorbitantes o exiliarse permanentemente.
Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advirtió que se trata de un mecanismo deliberado para generar miedo, ruptura familiar y disuasión política.
“Es una apatridia masiva y una nueva forma de control social. Las personas no solo pierden documentos: pierden su identidad y su derecho a regresar”, afirmó Marenco.
Los testimonios recabados por esta organización incluyen a periodistas, empresarios, familiares de presos políticos e incluso ciudadanos sin militancia. El régimen amplió el espectro de sus víctimas, con el fin de mantener bajo amenaza a toda la diáspora nicaragüense y, a la vez, generar ingresos extras.
La ONU: un plan sistemático de persecución
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU presentó en abril de 2025 un informe concluyente: las expulsiones y negativas de ingreso forman parte de un plan sistemático de persecución dirigido por Ortega y Murillo.
Según el documento, la decisión final recae en la co-dictadora Rosario Murillo y en Luis Cañas, quienes determinan quién pierde la nacionalidad o el derecho a ingresar al país.
La ONU calificó estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, junto con las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas ya documentadas desde 2018.
La estrategia de negar la entrada al país se inscribe en una política de eliminación de la disidencia: desterrar al opositor, extorsionar al viajero y disciplinar a quienes aún permanecen dentro.
Según fuentes del sector empresarial, centenares de nicaragüenses de todas las profesiones y niveles socioeconómicos están cancelando viajes de estudios, capacitaciones, compras o vacaciones, por temor a quedar exiliados de facto por las políticas de la dictadura sandinista.