El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el domingo informe “Fe bajo fuego”, en el que acusa a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de implementar una persecución religiosa sistemática en el país. Según el documento, desde 2018 al menos 261 líderes religiosos han sido desterrados, entre ellos obispos, sacerdotes y religiosas.
La investigación destaca el exilio forzado del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez (2019), así como la cárcel y destierro de los obispos Rolando Álvarez (Matagalpa) e Isidoro Mora (Siuna) y el destierro de Carlos Herrera (Jinotega), este último presidente de la Conferencia Episcopal nicaragüense.
También fue expulsado el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, junto con cerca de 140 sacerdotes, más de 90 religiosas y varios seminaristas y diáconos.
“La política del régimen Ortega-Murillo ha convertido la libertad religiosa en un campo de control político”, señala el informe.
El estudio documenta además el cierre de 5,609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1,294 eran religiosas, incluyendo universidades, colegios, clínicas y centros de formación. A esto se suman las clausuras de 54 medios de comunicación, 22 de ellos de carácter religioso, mediante órdenes del ente regulador TELCOR.
“Las reformas legales y constitucionales aprobadas entre 2023 y 2025 no fortalecen el derecho a la libertad de culto, sino que lo restringen bajo criterios ambiguos como el ‘orden público’”, denuncia el colectivo.
Cuatro etapas de persecución
El informe identifica cuatro etapas de persecución: campañas de estigmatización y ataques a templos desde 2018; exilios y hostigamiento a sacerdotes entre 2019 y 2022; ruptura de relaciones con el Vaticano en 2022-2023; y, desde 2023 a la fecha, despojo de nacionalidad, confiscaciones y prohibición de actividades religiosas públicas. También se denuncian detenciones de pastores evangélicos y la cancelación de la personería jurídica de la iglesia Morava.
“Las iglesias, especialmente la católica, jugaron un rol destacado en mediar el diálogo nacional, denunciar abusos y brindar refugio a manifestantes heridos. Esa postura generó la animadversión del gobierno, que percibió a las instituciones religiosas como una amenaza directa a su permanencia en el poder”, concluye “Fe bajo fuego”.