La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que declararon culpable al histórico comandante sandinista, Bayardo Arce Castaño, por lavado de dinero.
Junto a él, según la dictadura, cayó su asistente y socio Ricardo Bonilla Castañeda, en la modalidad de “defraudación al Estado de Nicaragua”, conforme a los artículos 282 y 283 del Código Penal reformado.
La sentencia N.° 01-2026 fue dictada en un juicio secreto en el que jueces de la dictadura consideraron probada la responsabilidad penal directa de ambos acusados.
Según la resolución judicial, Arce habría lavado 2,713 millones de dólares y 82,344 millones de córdobas (unos $2,243 millones), recursos que —según la acusación oficial— provocaron un grave perjuicio patrimonial al Estado nicaragüense y afectaron la transparencia del sistema financiero nacional. En total, más de $4,957 millones, según la acusación.
El fallo sostiene que los procesados actuaron de forma concertada y continuada, utilizando estructuras empresariales y financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito de los fondos, derivados de una defraudación tributaria sistemática.
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Una red estructurada de lavado
La resolución judicial describe un esquema financiero complejo que funcionó durante varios años y que habría sido dirigido por Arce, quien fue un reconocido asesor económico de Daniel Ortega y el contacto entre los empresarios y la dictadura.
El tribunal del régimen Ortega Murillo estableció que Arce y Bonilla reclutaron empleados y terceros para que figuraran como socios de empresas fachada, con el objetivo de ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones.
El fallo identificó un total de 49 sociedades mercantiles vinculadas al entramado, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de una evasión fiscal sistemática.
Estas sociedades movían recursos entre cuentas bancarias nacionales e internacionales para simular operaciones comerciales legítimas.
Como parte del proceso de blanqueo, según la PGN, los acusados emplearon mecanismos de estratificación financiera mediante préstamos ficticios y transferencias internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, con el fin de desdibujar la trazabilidad del dinero y facilitar su reinserción en la economía formal.
El tribunal de la dictadura concluyó que estas conductas no constituyen hechos aislados, sino una operatividad financiera prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos en el circuito legal.
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Cancelación de sociedades y decomiso
En cuanto a las medidas resarcitorias, los jueces al servicio de la dictadura ordenaron la cancelación de las sociedades mercantiles involucradas en el esquema, así como la confiscación de bienes vinculados a los condenados.
En el mismo proceso, la sentencia identificó como coautores del delito a la esposa de Arce, Amelia Ybarra, y a su cuñado Amílcar Manuel Ybarra, quienes presuntamente participaron en el entramado financiero.
Ambos se encuentran en condición de prófugos, por lo que la causa judicial en su contra permanece abierta conforme a la decisión política de la dictadura.
La PGJ, el nuevo órgano de represión judicial de la dictadura, aseguró que continuará impulsando purgas contra otros empresarios y antiguos aliados del octogenario dictador Daniel Ortega.
De comandante histórico a “reo político”
Bayardo Arce, de 77 años, es uno de los últimos comandantes históricos sobrevivientes del Directorio Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Fue de la cúpula de la primera dictadura sandinista que llevó a Nicaragua a una guerra civil de diez años, tras el triunfo de la revolución de 1979.
Durante los años ochenta, Arce ocupó posiciones estratégicas en la planificación económica y en la conducción del modelo estatal centralizado.
Tras el retorno de Ortega al poder en 2007, Arce se desempeñó como asesor económico presidencial y jugó un papel clave en las relaciones con el gran empresariado y en la construcción del modelo de alianzas público-privadas que sostuvo al régimen durante más de una década.
Su condena marca un hecho inédito en la historia reciente del sandinismo, al tratarse de una de las figuras más emblemáticas de la vieja guardia revolucionaria ahora procesada por corrupción a gran escala, en medio de un contexto de purgas internas y reacomodos dentro del núcleo de poder del régimen Ortega-Murillo.