La muerte bajo custodia estatal del líder indígena y preso político Brooklyn Rivera ha provocado una ola de condenas internacionales contra la crueldad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los presos políticos.
Diversos organismos de derechos humanos, gobiernos y organizaciones políticas responsabilizan por el fallecimiento del histórico dirigente opositor tras casi 3 años de detención arbitraria.
La muerte de Rivera, de 71 años, ha generado consternación dentro y fuera de Nicaragua y ha reactivado las preocupaciones sobre la situación de decenas de presos políticos que permanecen encarcelados en el país, muchos de ellos en condiciones denunciadas reiteradamente por organismos internacionales.
The Ortega-Murillo dictatorship in Nicaragua is responsible for the death of Brooklyn Rivera, leader of the indigenous-aligned YATAMA political party. He died this weekend as the regime’s prisoner after 3 years of inhumane treatment, unjust detention, and enforced disappearance.…
— Christopher Landau (@DeputySecState) June 1, 2026
ONU exige rendición de cuentas
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, condenó “enérgicamente” la muerte de Rivera y exigió que las autoridades nicaragüenses rindan cuentas por lo ocurrido.
El organismo recordó que el dirigente indígena permanecía bajo custodia estatal desde septiembre de 2023 y expresó además su preocupación por informes que señalan restricciones a la participación de la familia en el velorio y entierro, así como la detención de familiares que intentaron despedirlo.
El presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, afirmó que Nicaragua tiene la obligación de realizar una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente, devolver los restos a la familia y esclarecer las circunstancias de la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos vinculadas al caso.
Por su parte, el experto de la ONU Reed Brody rechazó la versión oficial que atribuyó el fallecimiento a secuelas derivadas de la covid-19.
“Brooklyn Rivera no falleció por enfermedad. Falleció como resultado de su desaparición forzada de más de 2 años, sin contacto con su familia, sin servicios médicos independientes y sin ninguna rendición de cuentas”, sostuvo.
La experta Ariela Peralta advirtió además que una desaparición forzada seguida de la muerte de la víctima puede constituir múltiples crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, tortura y persecución.
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OEA y CIDH elevan la presión
La condena internacional también llegó desde la Organización de los Estados Americanos. Su secretario general, Albert Ramdin, demandó una investigación “inmediata, independiente y transparente” sobre la muerte del dirigente miskitu y recordó que Rivera era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ramdin insistió en que deben garantizarse los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso, y reiteró la exigencia de liberar a todos los presos políticos nicaragüenses.
La CIDH también condenó el fallecimiento y lo vinculó con un patrón de violencia contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Según el organismo, la muerte de Rivera se suma a prácticas orientadas a imponer el terror y la represión para debilitar el tejido comunitario y facilitar el despojo de territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.
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EE UU acusa al régimen
Desde Washington, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente al régimen nicaragüense por el fallecimiento del líder indígena.
En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que Rivera murió tras sufrir “trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada” durante casi tres años de encarcelamiento.
Previamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos había denunciado que el régimen nicaragüense intentó ocultar su responsabilidad en el deterioro físico del dirigente al divulgar información sobre su estado de salud únicamente cuando se encontraba gravemente enfermo.
Temor por el resto de presos políticos
La muerte de Rivera ha reavivado las alarmas sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos en Nicaragua.
Según organizaciones de derechos humanos, se trata del octavo preso político fallecido bajo custodia estatal desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018.
Entre los casos más emblemáticos figura el del opositor Eddy Montes, asesinado en prisión en 2019.
La Internacional Socialista expresó su “profunda consternación” por la muerte del dirigente indígena y exigió una investigación independiente, además de la entrega inmediata de los restos a sus familiares.
El organismo subrayó que el fallecimiento agrava las preocupaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.