La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua otorgó en un solo día tres títulos de concesión minera que suman más de 110,000 hectáreas a la empresa minera china Three Gold Coins Company S.A.
La medida, certificada este jueves 16 de julio por la Procuraduría General de Justicia en el diario oficial La Gaceta, consolida la acelerada entrega de recursos estratégicos a capitales asiáticos.
El fenómeno lo sigue de cerca Washington, que ya sancionó a funcionarios y miembros de la familia dictatorial Ortega Murillo involucrados en el negocio del oro.
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Alcance y condiciones de las nuevas operaciones
Los tres lotes adjudicados por un período de 25 años —identificados como “Liberia II”, “Liberia I” y “Caldas”— abarcan un total de 114.515 hectáreas distribuidas estratégicamente entre el Caribe Sur, Boaco y Chontales.
Solo el lote Liberia II comprende más de 48,000 hectáreas en municipios del Caribe como El Ayote, El Rama, El Tortuguero y Paiwas.
Todas son zonas históricamente vulnerables y marcadas por denuncias de despojo territorial a comunidades indígenas y miskitas.
La compañía, representada legalmente por el empresario de origen chino Qingyang Lin, deberá iniciar actividades de exploración en un plazo no mayor a cuatro años (prorrogable por uno más).
Según la letra de la entrega, además deberán cumplir con el pago de derechos superficiales y regalías por extracción al Estado nicaragüense.
Acumulación de tierras y giro hacia Beijing
Esta megaadjudicación se suma al historial reciente de la minera en el país. En 2025, Three Gold Coins Company recibió otros tres títulos que le otorgaron el control de más de 31.000 hectáreas.
Con las nuevas aprobaciones, la filial china pasa a controlar un área total que supera las 145.000 hectáreas del territorio nicaragüense.
El avance de empresas chinas en el sector extractivo refleja el giro geopolítico del régimen orteguista, que busca en Beijing una alternativa de financiamiento e inversión frente a la presión diplomática y comercial de Estados Unidos.
Estados Unidos ha sancionado a empresas. abogados y funcionarios del régimen Ortega Murillo, por corrupción en la explotación de oro.