El ministro de Hacienda y expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rechazó el recurso de revocatoria que interpuso la Corte Suprema de Justicia para frenar el recorte de 23,722 millones de colones (más de $52 millones) al presupuesto del Poder Judicial, pese a advertencias de que la reducción de fondos beneficiaría al narcotráfico.
El argumento de Chaves es que el recurso es “improcedente” por considerar que no existe “un acto administrativo apelable” porque el recorte de presupuesto aún no se ha realizado por falta de aprobación en la Asamblea Legislativa, por lo que, aún no ha surtido efectos jurídicos.
El nuevo recorte fue anunciado por el gobierno a finales de agosto, por lo que, la Corte Plena autorizó al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, para que interpusiera el recurso de revocatoria. El 43 % de los fondos que se recortarían corresponden al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para operativos.
Dado que el recorte aún no ha sido avalado, Chaves argumentó que el recurso es “únicamente la comunicación” de una propuesta de “ajuste técnico” que Hacienda ha hecho, pero que no procede porque el recorte aún no es ley de la República.
Aseguró que la decisión de su aval o rechazo corresponde a la Asamblea Legislativa, por lo que, en caso de ser aprobado, el recurso tendría que ser presentado ante esa entidad, no ante su despacho porque no ejerce funciones jurisdiccionales.
¿Por qué buscan frenar el recorte?
La Corte Plena decidió interponer el amparo porque el director de la OIJ, Michael Soto, expuso que la falta de fondos beneficiaría al narcotráfico porque limitaría su capacidad de realizar operativos de control de territorios como los que dejaron la captura de líderes criminales como “Diablo” y “Pecho de Rata”.
Además, se afectaría la compra de insumos de laboratorio para pruebas de ADN en casos de abuso sexual y obligaría el cierre de oficinas regionales de la Fiscalía General, lo que , implicaría una restricción al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
