Miles de familias nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos desde 2024 a través del programa de parole humanitario, con visa de turista y luego solicitaron asilo, o fueron admitidas como refugiadas mediante el mecanismo de Movilidad Segura, enfrentan un escenario de incertidumbre legal tras una drástica decisión de la administración de Donald Trump de suspender los trámites de residencia permanente.
La medida, aplicada sin un anuncio oficial, fue confirmada por un informe de CBS News, en el que se detalla que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) ordenó pausar la tramitación de las solicitudes de la conocida “green card” para personas que ya habían sido reconocidas como asiladas o refugiadas por razones humanitarias.
La decisión impacta especialmente a la comunidad nicaragüense, que en los últimos dos años ha experimentado un éxodo sin precedentes como consecuencia de la represión política, la crisis de derechos humanos y el colapso económico bajo el régimen de Daniel Ortega.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, más de 120.000 nicaragüenses han llegado a EE.UU. en este periodo mediante vías humanitarias.
Un proceso que exige revisiones estrictas
Tanto los asilados como los refugiados deben someterse a extenuantes procesos de revisión, entrevistas, exámenes médicos y chequeos de seguridad antes de ser aprobados para iniciar una nueva vida en Estados Unidos.
La suspensión abrupta de sus trámites de residencia les deja en una posición de vulnerabilidad legal y emocional, sin garantías claras sobre su futuro.
El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que la suspensión responde a dos órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, las cuales instruyen a las agencias federales a reforzar la verificación de identidad, los controles de seguridad nacional y la detección de posibles fraudes.
Una de las órdenes contempla “vetar y examinar al máximo a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos o que ya estén dentro del país”, mientras que la otra permite al Departamento de Estado clasificar como organizaciones terroristas a cárteles de la droga y pandillas transnacionales.
Endurecimiento general de la política migratoria
La suspensión de los trámites para obtener la residencia permanente forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump para restringir incluso la inmigración legal.
En semanas anteriores, ya se había paralizado el proceso migratorio de ciudadanos latinoamericanos y ucranianos llegados mediante programas humanitarios creados durante el mandato de Joe Biden.
En el caso de los nicaragüenses, se han reportado notificaciones de deportación enviadas a quienes ingresaron bajo el parole, argumentando que su proceso de verificación fue “insuficiente” o presentaba “irregularidades”.
Más de medio millón de personas de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela han sido advertidas de que disponen de solo 30 días para abandonar el país o enfrentar procedimientos de expulsión.
Como parte del nuevo enfoque, las autoridades estadounidenses también han endurecido los requisitos para quienes deseen acceder a beneficios migratorios como la residencia, ciudadanía o asilo. Además han ordenado recordar los servicios de asistencia humanitaria, logística y médica de 12 meses a solo cuatro.
Entre las nuevas exigencias se incluye el análisis de redes sociales, obligando a los solicitantes a entregar sus cuentas personales como parte del proceso de revisión.
El temor de una comunidad en exilio
Organizaciones pro-migrantes han denunciado que la suspensión de los trámites de residencia es una medida draconiana que revictimiza a personas que ya escaparon de regímenes autoritarios o situaciones de violencia extrema.
En el caso de los nicaragüenses, muchos de los afectados son periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos o ciudadanos que huyeron tras sufrir represión directa.
La abogada de inmigración Ana Rivas, radicada en Miami, afirmó a medios locales que “estas personas ya han pasado filtros rigurosos del sistema de asilo estadounidense. No se puede tratar igual a un migrante sin estatus legal que a alguien que ya fue reconocido como refugiado”.
El impacto de esta decisión se extiende más allá de los individuos afectados, alcanzando a familias completas, muchas de ellas con niños ya integrados al sistema educativo estadounidense.
La falta de certidumbre podría traducirse en nuevas olas de ansiedad, precariedad laboral y miedo a la deportación, pese a haber cumplido con todas las exigencias legales del sistema, estima la organización humanitaria HIAS, que demandó a Trump en los tribunales y ya anuncia un nuevo proceso judicial contra sus más recientes medidas.
La administración Trump no ha ofrecido una fecha para reanudar los trámites ni ha publicado información detallada sobre los efectos concretos de la medida, lo que ha incrementado la tensión y el desconcierto en las comunidades migrantes.
