La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este martes su preocupación por un decreto de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que declara secreto de Estado una amplia gama de información relacionada con tres organismos de seguridad y advirtió que la medida podría afectar la libertad de prensa y el derecho ciudadano de acceso a información pública.
El decreto fue firmado el 10 de agosto por la presidenta costarricense, Laura Fernández, y comprende información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el grupo de trabajo Fuerza Élite.
La reserva alcanza operaciones policiales y de inteligencia, estructuras de mando, recursos tecnológicos, planes de seguridad, presupuestos, gastos, contrataciones públicas, documentos, reuniones y acuerdos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reconoció que los Estados pueden reservar información cuando su divulgación represente un riesgo para operaciones de seguridad, funcionarios o terceras personas.
Sin embargo, advirtió que “la clasificación de información como secreto de Estado debe ser excepcional, estar claramente delimitada y sujeta a controles independientes, para evitar restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información pública”.
La organización cuestionó especialmente que la reserva alcance información vinculada con el manejo de fondos estatales. Manigault señaló que “observamos con especial preocupación que el decreto incluya presupuestos, gastos y la totalidad de los procedimientos de contratación pública, ámbitos que son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos”.
Abogados y especialistas consultados por medios costarricenses también cuestionaron la constitucionalidad y alcance del decreto, al considerar que una disposición de este tipo debería estar respaldada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y no únicamente mediante un decreto ejecutivo. También señalaron que Costa Rica carece de una legislación específica que regule claramente las declaratorias de secreto de Estado.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, calificó como “preocupante que el decreto imponga un deber de confidencialidad indefinido a funcionarios, asesores, contratistas y otras personas vinculadas con estos organismos, con posibles sanciones por divulgar o compartir información clasificada”.
Ramos agregó que “estas disposiciones no deberían convertirse en mecanismos para impedir el trabajo periodístico ni para restringir la investigación de asuntos de evidente interés público”.
La SIP pidió al Gobierno costarricense garantizar que las restricciones de acceso a información respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, además de mantener mecanismos efectivos de control judicial y ciudadano. También solicitó diferenciar entre información operativa que puede mantenerse reservada por motivos de seguridad y aquella vinculada con presupuestos, contrataciones, recursos públicos y actuaciones administrativas.
El Gobierno justificó la decisión por el incremento del narcotráfico y la violencia y argumentó que divulgar determinada información podría comprometer operaciones, funcionarios y la cooperación internacional en seguridad.
La SIP sostuvo que las acciones contra el crimen organizado no deben debilitar pilares democráticos como la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo independiente como mecanismo de fiscalización del poder público.