El registro de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua aumentó a 68, de las cuales 31 permanecen en condición de desaparición forzada, según una actualización del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ), con datos hasta el 24 de septiembre de 2026.
De las 68 personas registradas, 53 son hombres y 15 mujeres. En el caso de las 31 personas señaladas como desaparecidas, el Mecanismo indicó que no es posible verificar de manera independiente su paradero, estado de salud ni las condiciones en las que permanecen detenidas.
La actualización incorpora ocho nuevos casos y, según la organización, refleja tendencias que generan preocupación, principalmente por el incremento de las desapariciones forzadas y de mujeres privadas de libertad por razones políticas.
Seis de las ocho nuevas incorporaciones corresponden a personas detenidas durante dos jornadas de detenciones arbitrarias de alcance nacional registradas el 4 y 14 de julio de 2026. El Mecanismo aseguró que continúa recibiendo y verificando casos relacionados con esos acontecimientos.
La organización destaca entre los detenidos a 18 integrantes o líderes de comunidades indigenas, 12 personas reconocidas como opositoras y diez campesinas.
Entre las nuevas incorporaciones también figura Thelma Montenegro, identificada por la organización como una opositora perteneciente a una familia que, según la AMJ, fue objeto de persecución y de graves episodios de violencia atribuidos al régimen.
El octavo caso incorporado corresponde al abogado Kenthyn Téllez, quien fue detenido en 2025, aunque su situación fue reportada posteriormente al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La organización advirtió que casos documentados anteriormente muestran el deterioro físico y psicológico que pueden sufrir las personas privadas de libertad en Nicaragua, particularmente cuando permanecen incomunicadas, sin atención médica adecuada y fuera de supervisión independiente.
El Mecanismo señaló que el aumento de las desapariciones forzadas incrementa los riesgos para la vida e integridad de los detenidos.