La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, emitió un decreto Ejecutivo para declarar como “secreto de Estado” toda la información logística, técnica y financiera en materia de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y del grupo Fuerza Élite.
El decreto publicado el lunes en el Diario Oficial La Gaceta indica que será secreto de Estado toda la información, documentos, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas sobre seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado.
La restricción en la información también aplicará para cualquier tipo de coordinación o plan que ejecute la Presidencia de la República en materia de seguridad y defensa del Estado, en el que se incluye el reglamento de protección a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Alguna de la información clave que será restringida:
- Tácticas policiales, formas de operar de la delincuencia organizada, despliegues policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, recursos tecnológicos y mecanismos de inteligencia.
- Ya no se divulgarán los documentos de sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y presentaciones de estrategias de seguridad.
- Presupuestos, partidas de fondos y áreas de inversión para seguridad y defensa del país.
- Todos los expedientes de compras públicas, adjudicaciones, financiamientos, ofertas, requerimientos y todo lo relacionado.
Las autoridades alegan en el decreto que se requiere de poner bajo secreto esta información por el avance de la criminalidad en el país que ha llevado al cometimiento de tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas, sicariato y demás ilícitos.
Para el gobierno, la difusión de esta información permite que las bandas criminales sepan las debilidades del Estado y que así evadan controles. Funcionarios como líderes policiales, personal de apoyo, asesores y cualquier empleado
Asimismo, el secreto aplicará para consultores, asesores y contratistas privados que presten servicios al Estado, cuyo contrato tendrá cláusulas de confidencialidad respecto a este tema.