La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó este 1 de octubre que trasladará su personería jurídica fuera del país, luego de denunciar que la Ley de Agentes Extranjeros limita su labor y pone en riesgo su permanencia.
“Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región, con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, señaló la organización en un comunicado.
La gremial aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas en territorio salvadoreño y a aquellos que se encuentran en el exilio, pese a que, por primera vez desde su fundación en 1936, enfrenta obstáculos persistentes en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación.
El anuncio se produce tras la decisión de APES del 16 de septiembre de cerrar operaciones en El Salvador, debido a la obligatoriedad de inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX). En los últimos 90 días, la organización aseguró haber suspendido, liquidado o cerrado todos sus proyectos financiados con fondos internacionales.
#COMUNICADO 📢 La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informa que ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región para continuar con su misión de defender la libertad de prensa y expresión. #ElSalvador #LibertadDePrensa pic.twitter.com/DMyMukEAbY
— APES (@apeselsalvador) October 1, 2025
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2005 a propuesta del presidente Nayib Bukele, establece que toda persona u organización que reciba fondos del extranjero debe registrarse ante el RAEX, reportar actividades y someterse a un impuesto del 30 % sobre donaciones o ingresos recibidos. Además, prohíbe realizar actividades políticas o que “amenacen la estabilidad social o política del país”.
El incumplimiento puede derivar en multas de entre $100,000 y $250,000, la cancelación de la personería jurídica y hasta procesos administrativos o penales.
Mientras el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa defienden la normativa como un mecanismo de “transparencia”, organismos internacionales como la CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional la han calificado de una herramienta para silenciar voces críticas y poner en riesgo la sostenibilidad financiera de medios y ONG.
APES, considerada una de las asociaciones de prensa más antiguas de América Latina, reiteró que pese al exilio legal seguirá trabajando por la defensa del periodismo salvadoreño: “La APES seguirá trabajando por la defensa del periodismo salvadoreño y de quienes continúan ejerciéndolo con independencia, valentía y compromiso, a pesar de las amenazas y obstáculos que pretende imponer el régimen político en el país”.
