El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, con el fin de investigarlo por supuesta beligerancia política. La decisión ha desatado una ola de reacciones políticas que oscilan entre el respaldo absoluto y acusaciones de golpe institucional.
La petición, aprobada el pasado 3 de octubre por la Sección Especializada del TSE, se fundamenta en 15 denuncias acumuladas contra el mandatario, interpuestas por ciudadanos y líderes de partidos políticos. Es la segunda vez en menos de un mes que un poder del Estado solicita al Congreso levantar el fuero de un presidente en ejercicio, lo que marca un hecho sin precedentes en la historia democrática costarricense.
Desde la oposición, varios candidatos presidenciales expresaron su respaldo al TSE.
Álvaro Ramos, de Liberación Nacional, afirmó que “si se rompen las reglas, hay que enfrentar las consecuencias”, y agregó que el presidente estaba “desequilibrando el proceso electoral en favor de sus aliados”.
Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, fue aún más contundente: “Está más que evidente que el presidente quiere participar en campaña. No puede y no debe”.
Mientras que Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, instó al Congreso a actuar: “Es la oportunidad de reafirmar el Estado de derecho”.
Luis Amador, exministro y ahora aspirante presidencial por Integración Nacional, criticó duramente a Chaves desde Catar: “La beligerancia política del presidente es intolerable. Nunca habíamos visto una campaña tan descarada desde el poder”.
“Intento de golpe”
Del lado oficialista, Pilar Cisneros, jefa de bancada del Gobierno, denunció que el país está ante un “intento de golpe de Estado institucional”.
En un video publicado este martes, aseguró que “la casta política” busca desestabilizar al presidente más popular de Costa Rica.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, el debate sobre la inmunidad presidencial ya ha comenzado. El jefe de bancada de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, dijo que la solicitud del TSE “debe tramitarse con rigor, transparencia y apego al debido proceso”.
Desde el Frente Amplio, Rocío Alfaro indicó que “la beligerancia implica el uso de fondos públicos para favorecer causas partidarias” y llamó a los diputados a votar con base en el expediente y no por “cálculos electorales”.
De aprobarse el retiro de inmunidad, el TSE abriría un juicio en sede electoral contra Chaves.
Según Juan Luis Rivera, vocero del ente, el proceso incluiría audiencia privada y podría culminar con una resolución inapelable.
Las sanciones van desde la destitución hasta la inhabilitación del mandatario para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años. Si el Congreso no levanta el fuero, el proceso no podrá continuar.
