La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, instó este lunes al Estado de Guatemala a garantizar que los próximos nombramientos judiciales de 2026 se realicen bajo estrictos criterios de mérito e integridad, y a eliminar la criminalización sistemática contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y periodistas.
Guatemala se prepara para un año clave en la configuración de su sistema judicial. Durante la primera mitad de 2026, se elegirán magistraturas titulares y suplentes para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), así como a la persona que encabezará el Ministerio Público como nuevo fiscal general.
“Mi visita a Guatemala en mayo de 2025 confirmó el carácter sistemático de la criminalización y su amplio impacto”, advirtió Satterthwaite. Añadió que “el nombramiento de personas de probada integridad que cumplan los requisitos para estas magistraturas esenciales sería un paso clave para poner fin a este patrón abusivo”.
La experta señaló que los tres órganos en cuestión son fundamentales para la gobernanza democrática, el orden constitucional y el respeto al Estado de derecho. Por ello, exhortó a todos los actores involucrados a cumplir con sus responsabilidades “con la máxima rigurosidad” y a asegurar que el proceso se ajuste a los estándares internacionales.
Satterthwaite también alertó sobre el riesgo de repetir errores del pasado. “Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las cuales personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave”, señaló.
Como medida mínima de integridad, recomendó que se excluya de cualquier lista de preselección a personas con denuncias creíbles por conductas incompatibles con los derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido poder de decisión en casos de criminalización. Añadió que estas denuncias deben ser investigadas de forma “independiente y exhaustiva”.
Asimismo, la relatora exigió medidas de protección tanto para los candidatos como para los integrantes de las Comisiones de Postulación, y pidió evitar cualquier interferencia indebida por parte de redes de corrupción durante el proceso.
La experta confirmó que mantiene comunicación directa con el Estado de Guatemala para abordar estas preocupaciones y promover un proceso de selección judicial transparente, legítimo y conforme a estándares democráticos.
