El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó que, al 26 de febrero de 2026, se registran 46 personas en prisión política en el país, frente a las 62 contabilizadas en diciembre pasado.
La disminución responde a la excarcelación de 19 personas durante enero y febrero, así como a la incorporación de tres nuevos casos en el mismo período.
Del total actual, 43 son hombres y tres mujeres; 15 son personas adultas mayores —equivalentes al 33 % del total— y 10 se encuentran en condición de desaparición forzada, lo que representa un 22 %.
El Mecanismo, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares, abogados y redes de documentación, señaló que, pese a la reducción numérica, continúan los patrones de persecución política.
El informe advierte que las familias de las personas detenidas siguen siendo objeto de amenazas, vigilancia y hostigamiento por parte de autoridades estatales, con el objetivo de impedir denuncias públicas o gestiones de acompañamiento jurídico.
Según la organización, existe un subregistro significativo de detenciones por motivación política debido al temor generalizado a represalias bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas familias optan por no reportar los casos por razones de seguridad.
Además, aunque 19 personas fueron excarceladas, el Mecanismo sostiene que la mayoría no goza de libertad plena. Entre las medidas impuestas figuran la obligación de firmar periódicamente en estaciones policiales, restricciones de movilidad bajo esquemas de “casa por cárcel” o “municipio por cárcel”, reportes telefónicos constantes a agentes policiales y el monitoreo permanente de actividades.
Estas condiciones, según el informe, prolongan el impacto del encarcelamiento y constituyen mecanismos de control y presión social.
Casos destacados en la lista
Entre las personas incluidas en el listado figuran los excomandantes sandinistas Henry Ruiz y Bayardo Arce; los militares retirados Carlos Brenes, Víctor Boitano, Eddie Moisés González Valdivia y Álvaro Baltodano Cantarero; así como dirigentes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, quienes forman parte del grupo de adultos mayores, al igual que el abogado José Manuel Urbina Lara.
En el caso de Bayardo Arce Castaño, exasesor presidencial en materia económica y dirigente histórico del Frente Sandinista, el Mecanismo indicó que fue detenido en julio de 2025 de forma arbitraria. Según la información recopilada, su vivienda fue allanada sin garantías, sus cuentas y las de su familia fueron congeladas y sus bienes confiscados.
El informe sostiene que fue condenado sin acceso a una defensa de su elección ni a garantías judiciales básicas, y que su entorno familiar también ha sido objeto de procesos considerados carentes de transparencia.
El Mecanismo concluye que su caso presenta elementos de falta de debido proceso, incomunicación y persecución política mediante la aplicación selectiva de la ley.
