La dictadura de Daniel Ortega ha expulsado a 65 religiosas católicas en año y medio y a otras seis se les ha prohibo entrar, reveló la investigadora y abogada Martha Patricia Molina en una publicación en Facebook.
“Desde 2022 hasta 2023, 65 mujeres religiosas han sido expulsadas y a seis mujeres de diferentes congregaciones religiosas se les ha prohibido entrar, para un total de 71”, escribió Molina en la red social.
El abogado también es el autor del informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?”, que documenta los más de 500 ataques contra la Iglesia en el país desde 2018.
Según Molina, un total de 10 congregaciones religiosas en el país se han visto afectadas, incluidos las dominicas de la Anunciación, las Misioneras de Caridad, las monjas trapenses, las mujeres religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón y las Hermanas de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo de Nicaragua.
“Por razones de seguridad, no mencionaré al resto de las congregaciones [cinco] porque ya sabemos que la dictadura es capaz de cualquier cosa. Las monjas han sido expulsadas en su mayor parte por violencia psicológica”, se lamentó Molina en las redes sociales.
Molina señaló que cuatro sacerdotes de diferentes diócesis y varias mujeres religiosas le han señalado que el número de 71 monjas que son víctimas de la represión es mayor que el registrado en su estudio “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?” donde solo se mencionan 32 monjas expulsadas.
“Me dicen que es difícil en este momento encontrar una congregación con hermanas extranjeras porque todas han sido expulsadas”, dijo.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han desatado una feroz represión contra la Iglesia Católica, apresando sacerdotes incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez y media docena más. Además, han obligado al exilio al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y docenas de sacerdotes más.
La abogada agregó que sus fuentes en el país dijeron que “a las monjas nicaragüenses que han querido regresar al país, para tomar el lugar de los extranjeros que fueron expulsados, se les ha negado la entrada”.
“No hemos sabido el número exacto porque la mayoría de las congregaciones han decidido permanecer en silencio y ofrecer ese martirio por la conversión de los dictadores de Nicaragua y de aquellos que trabajan para ellos”, concluyó.
El último acto represivo del estado contra una congregación de monjas ocurrió a principios de julio, cuando la dictadura nicaragüense canceló la personalidad jurídica y confiscó los activos de las Hermanas de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo, en cuyo convento entró la policía para expulsarlos.
Este ataque ocurrió un año después de la expulsión de un grupo de Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que más tarde fueron acogidos por la Diócesis de Tilarán-Liberia, en Costa Rica.
