El Grupo Internacional de Expertas y Expertos Independientes (GIPES) aseveró este martes que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad bajo la aplicación del régimen de excepción, que cumplirá cuatro años de aplicación, por lo que, piden sea finalizado.
Una de las expertas, Claudia Martín, aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existe “la base razonable para demostrar la perpetración de crímenes de lesa humanidad” durante el régimen de excepción salvadoreño.
Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust explicó que en el informe sobre violaciones a derechos humanos registraron 89,000 detenciones arbitrarias y sin garantías del debido proceso, de ellas, 8,000 reconocidas por el Gobierno sin justificación ni motivo, además, de 403 muertes bajo custodia del Estado, entre ellas cuatro niños.
Asimismo, recolectaron datos de 540 desapariciones forzadas. En ese sentido, asegura que pandilleros, personas percibidas como pandilleros, opositores y quienes son percibidos como opositores están expuestos a actos inhumanos, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia.
“El Gipe concluye que estas prácticas cumplen los elementos del estatuto de Roma que es el que define los crímenes de lesa humanidad: multiplicidad de actos dirigidos contra la población civil aplicada de manera general y sistemática” aseguró Jovtis.
Por estas razones, es que el Grupo considera que existen “bases razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad, concentrándose en “una conclusión técnica basada en muchas fuentes verificables”.
“Seguridad sí, pero no a costa de crímenes de lesa humanidad”
Martín expuso también que el régimen de excepción “socava el orden legal nacional y transgrede responsabilidades vinculantes del estado e incumplen con estándares internacionales”, especialmente por ser aplicado en un momento de “erosión significativa en el Estado de derecho”.
Tomando en cuenta los resultados, los expertos pidieron al Gobierno salvadoreño que termine la aplicación del régimen, revisión independiente de los casos de detención y el apoyo a mecanismos internacionales que permitan esclarecer los hechos. “Seguridad sí, pero no a costa de crímenes de lesa humanidad”.
Además, recomiendan la conformación de un mecanismo de Naciones Unidas para investigar los crímenes y piden a la CIDH interceder para la creación de este.
Gobierno dice defensa de derechos no es criminalizada, pero tampoco es carta de inmunidad
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseveró que la exposición de las organizaciones no corresponde a la realidad de El Salvador y aseveró que la “labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador, pero tampoco puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas”.
Aseguró que la defensa de derechos es protegida por el Gobierno y que al iniciar casos contra ciudadanos se hace bajo indicios y hechos concretos “nunca por su rol social, ni por su profesional o por tener una posición crítica a la gestión del Gobierno”.
