La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha utilizado la violencia de género como una herramienta de represión política para castigar, controlar y silenciar a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018, denunció el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas.
El informe, presentado en Ginebra y Panamá, sostiene que cientos de defensoras de derechos humanos, periodistas, feministas, lideresas políticas, estudiantes, campesinas, indígenas, afrodescendientes y miembros de la diversidad sexual han sido víctimas de persecución, discriminación y graves violaciones a los derechos humanos.
“Cientos de mujeres de todas las edades – defensoras, feministas, periodistas, líderes políticas, campesinas, estudiantes, así como mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+ – han sufrido múltiples violaciones de derechos y persecución política, agravadas por la discriminación y estereotipos de género”, afirmó Ariela Peralta Distéfano, integrante del Grupo de Expertos.
El documento señala que, aunque el principal motivo de la persecución ha sido político, el género de las víctimas influyó en la selección de las personas afectadas, los métodos utilizados para reprimirlas y las consecuencias que enfrentaron posteriormente.
Los expertos documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, amenazas, campañas de difamación, privación de nacionalidad, confiscación de bienes y restricciones migratorias que afectaron de manera diferenciada a mujeres opositoras o percibidas como críticas al Gobierno.
“Hemos observado que los impactos de estas violaciones han sido profundos, interconectados y diferenciados según el género de la víctima”, señaló Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. Según el informe, muchas mujeres fueron separadas de sus hijos e hijas, mientras otras sufrieron persecución por mantener vínculos familiares con personas opositoras.
La investigación también destaca la cancelación de cerca de 300 organizaciones vinculadas a mujeres y al colectivo LGBTIQ+, situación que eliminó espacios de protección, asistencia legal, apoyo psicológico y acompañamiento comunitario para miles de personas.
“La cancelación de cerca de 300 organizaciones de mujeres y del colectivo LGBTIQ+ eliminó espacios fundamentales de protección, acompañamiento y denuncia, usados por la población en general”, indicó Peralta.
El informe sostiene que las mujeres detenidas fueron sometidas a insultos sexistas, amenazas de violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado y restricciones de contacto familiar. Además, señala que las lideresas indígenas y afrodescendientes enfrentaron formas adicionales de discriminación relacionadas con el racismo.
Por su parte, el experto Reed Brody cuestionó el discurso oficial sobre igualdad de género promovido por las autoridades nicaragüenses.
“El Gobierno presume de paridad de género, pero las mujeres que nombra en sus instituciones se limitan a cumplir órdenes, no las dan”, afirmó Brody.
Los especialistas concluyeron que varias de las conductas documentadas podrían constituir, de manera preliminar, crímenes de lesa humanidad, incluyendo encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, deportación y persecución política.
El Grupo instó al régimen de Nicaragua a cesar toda forma de represión contra mujeres opositoras o percibidas como tales, restituir derechos, investigar las violaciones denunciadas y garantizar condiciones seguras para el funcionamiento de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos. Asimismo, pidió a la comunidad internacional mantener el monitoreo y fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas dentro y fuera del país.
