El Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas y señaló directamente a la pareja gobernante, Daniel Ortega y Rosario Murillo como responsables, dijo este jueves el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente mandatado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según el informe, los abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- “no son un fenómeno aislado, sino producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático”, dice el informe que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon.
“La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, subrayó Simon.
El Grupo concluyó que la pareja gobernante, Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
“Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, agregó Simón. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
Policía, paramilitares y sistema penitenciario
El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Además, el informe encontró que el Gobierno ha utilizado la detención arbitraria como una herramienta para silenciar a los críticos. Muchos arrestos se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales; muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación.
“Todas estas acciones son posibles porque el Estado ha sido utilizado como un arma de persecución contra la población”.
Angela María Buitrago, experta de la ONU.
“Para acelerar este proceso, las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora”, dijo Buitrago.
La experta denunció que “miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país”.
Según el reporte, desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
Ortega y Murillo son responsables
El Grupo concluyó que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
“Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países”.
Jan Simon, experto de la ONU
“Hoy, el Estado y la comunidad internacional cuentan con esta información para tomar acción”, subrayó.
El informe instó al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores.
El informe también instó a la comunidad internacional a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional.
