El periodismo en Nicaragua atraviesa un escenario crítico que organizaciones de derechos humanos y gremiales describen como “uno de los más devastadores del continente”.
En el marco del Día Internacional del Periodista, el documento “Actualización sobre violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua 2025”, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, revela que el país se ha convertido en un desierto informativo bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El informe ubica a Nicaragua en el puesto 172 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el lugar más bajo en América Latina.
El resultado refleja la intensificación de la censura, la persecución y la criminalización de periodistas y medios de comunicación en los últimos años.
Medios cerrados, periodistas presos y exiliados
Según el reporte, más de 60 medios de comunicación fueron cerrados desde 2018, incluidos históricos referentes como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias.
Las instalaciones fueron confiscadas y convertidas en oficinas estatales o centros de propaganda oficial. Lo mismo ocurrió con radios locales como Radio Darío, que durante décadas sirvieron de voz comunitaria.
Los datos son contundentes: más de 350 periodistas se han exiliado desde 2018, de los cuales 46 abandonaron el país solo en 2024.
Varios de ellos radican en Costa Rica, Estados Unidos y España, donde intentan mantener vivos medios digitales en condiciones precarias. Otros, sin embargo, han debido abandonar la profesión ante la falta de recursos y el temor por la seguridad de sus familias.

Periodistas desaparecidos
El informe documenta también cuatro casos recientes de periodistas presos o desaparecidos: Fabiola Tercero, Leo Cárcamo, Elsbeth D’Anda e Irving Guerrero.
Sus detenciones y desapariciones ilustran el nivel de riesgo de ejercer el periodismo dentro de Nicaragua, donde informar se ha convertido en una actividad clandestina.
A ello se suma la política de desnacionalización, que ya afectó oficialmente a 23 periodistas y dejó a otros 30 en condición de apatridia de facto.
Esta medida busca cortar cualquier vínculo legal entre los profesionales de prensa y su país de origen, forzándolos a asumir nuevas nacionalidades para poder sobrevivir en el exilio.
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Censura digital y control académico
El régimen Ortega-Murillo ha trasladado la represión también al terreno digital. Al menos cinco dominios con terminación .ni —incluidos Confidencial, La Prensa y 100% Noticias— están bloqueados en 2025, lo que impide el acceso directo a información independiente dentro del país.
Además, se reportan ciberataques constantes contra páginas de medios y periodistas en el exilio, así como vigilancia masiva a través de operadores estatales.
El documento denuncia que la estrategia no solo busca silenciar al presente, sino también controlar el futuro.
Las carreras de Comunicación Social y Periodismo en universidades públicas y privadas confiscadas están sometidas a un esquema de adoctrinamiento oficial.
Con ello, se eliminó la libertad de cátedra y se impuso un currículo alineado al discurso del partido gobernante. Entre las universidades afectadas destacan la Universidad Centroamericana (UCA), expropiada en 2023, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), controlada por la dictadura.
Los bienes confiscados a medios y universidades superan un valor estimado de 250 millones de dólares, lo que confirma que la represión también tiene un componente económico destinado a destruir las bases materiales de la prensa independiente.
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Exilio, hostigamiento y memoria del periodismo
El exilio no ha garantizado seguridad plena. El informe señala casos de hostigamiento transnacional, donde periodistas radicados en Costa Rica o Estados Unidos han recibido amenazas.
Ello, mientras sus familiares en Nicaragua son perseguidos o sometidos a vigilancia. Se trata de un mecanismo de presión psicológica que busca neutralizar la labor informativa más allá de las fronteras.
A pesar de este panorama, el periodismo nicaragüense en el exilio ha mantenido espacios informativos que denuncian violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos de poder.
Sin embargo, la precariedad económica, la ausencia de financiamiento sostenido y la persecución digital representan retos permanentes.
El reporte de 2025 contabiliza 81 agresiones contra periodistas en solo seis meses de 2024, entre allanamientos, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de difamación.
Estos ataques, sistemáticos y coordinados, demuestran que el régimen mantiene una política de Estado dirigida a silenciar toda voz crítica.
Periodismo en Nicaragua bajo asedio
El Día Internacional del Periodista llega este año con un panorama sombrío en Nicaragua. Lo que antes fue una vibrante comunidad de prensa independiente, reconocida en Centroamérica por su rigor y profesionalismo, hoy sobrevive en la clandestinidad o desde el exilio.
El documento concluye que el periodismo en Nicaragua “se encuentra bajo asedio total”, donde la censura, la criminalización, la confiscación y la desaparición forzada se han convertido en herramientas del poder para borrar la pluralidad informativa.
En un país donde informar se transformó en delito, la memoria del periodismo libre depende ahora de quienes, dentro o fuera de las fronteras, resisten con la convicción de que contar la verdad sigue siendo un deber ético y una apuesta por el futuro democrático de la nación.