Guatemala se encamina hacia las elecciones de 2027 con una fuerte alerta: el narcotráfico podría pasar de financiar campañas y políticos a promover candidatos directamente vinculados con sus intereses, elevando el riesgo de penetración criminal en las instituciones.
La advertencia fue planteada por analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), consultados en un análisis publicado por Prensa Libre sobre los riesgos que rodean al próximo proceso electoral.
Durante años, la influencia de estructuras criminales estuvo asociada principalmente al financiamiento de políticos y partidos. Para 2027, los especialistas temen un cambio de estrategia: personas relacionadas con negocios ilícitos podrían intentar competir directamente por cargos de elección popular.
El escenario se vuelve más complejo por la fragmentación política. Guatemala tiene actualmente 26 partidos registrados y los analistas estiman que podrían surgir más de 20 candidaturas presidenciales, dificultando el escrutinio sobre aspirantes y organizaciones.
Un antecedente que preocupa
Los antecedentes alimentan las advertencias. Mario Estrada, tres veces candidato presidencial, fue condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico, mientras el exdiputado José Ubico recibió una sentencia de 18 años de prisión en ese país.
A la posible penetración criminal se suma el riesgo de violencia política e intimidaciones durante la campaña, especialmente en territorios donde operan economías ilícitas. Los expertos consideran que la disputa por espacios de poder podría elevar la conflictividad electoral.
La primera vuelta está prevista para el 27 de junio de 2027. El desafío para Guatemala será impedir que las estructuras del narcotráfico den un salto especialmente peligroso: de influir sobre quienes llegan al poder a intentar ocupar directamente esos espacios.
