El gobierno de Guatemala expresó su rechazo a la iniciativa de ley que busca otorgar una amnistía a los docentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), quienes suspendieron clases durante varias semanas.
La propuesta presentada por el diputado Boris España, generó polémica y críticas por parte de las autoridades del Ejecutivo, quienes consideran que la medida enviaría un mal mensaje a la ciudadanía y el magisterio nacional.
El debate se centra en la denominada “Ley de Amnistía Laboral al personal del Magisterio Nacional Involucrado en el Paro 2025”, que pretende dejar sin efecto sanciones administrativas, disciplinarias o judiciales impuestas a los docentes que participaron en las protestas encabezadas por el sindicato dirigido por Joviel Acevedo.
La iniciativa busca eximir de responsabilidad a los maestros que paralizaron la enseñanza en todo el país, afectando a miles de estudiantes.
Durante la conferencia de prensa “La Ronda”, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, rechazó la propuesta señalando que “cualquier amnistía disfrazada es impunidad garantizada”. Según el funcionario la medida carece de fundamentos sólidos y sería injusta para los docentes que sí cumplieron con sus obligaciones en las aulas.
Palomo advirtió sobre el impacto negativo de aprobar la iniciativa. “¿Qué mensaje mandaría al pueblo de Guatemala que exige a los funcionarios públicos el cumplimiento de la ley? ¿Y qué le diríamos a los padres de familia que sufrieron las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos docentes?”, cuestionó el vocero presidencial.
El viceministro administrativo del Ministerio de Educación, Donaldo Carías, también se pronunció en contra de la amnistía. Aunque afirmó respetar las decisiones del Congreso, señaló que esta medida enviaría un “mal mensaje” a los maestros que continuaron trabajando con normalidad en las escuelas.
“Todos los empleados públicos debemos se responsables en asistir a nuestros lugares de trabajo y rendir cuentas”.
Desafíos de la educación en Guatemala
La discusión sobre esta propuesta se produce en un momento en el que el sistema educativo de Guatemala enfrenta múltiples desafíos, entre ellos el rezago en los aprendizajes, la falta de recursos y la presión social por mejorar la calidad de la enseñanza.
Padres de familia y organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación por el impacto que tendría una eventual amnistía en la credibilidad institucional.
La iniciativa de ley aún debe ser discutida en el Congreso de la República. Mientras tanto, el debate ha trascendido a nivel regional ya que la situación del magisterio y los conflictos sindicales en sector educativo son temas que afectan también a otros países de Centroamérica, donde las huelgas docentes y las demandas gremiales forman parte de una realidad compartida.