La Junta Monetaria de Guatemala advirtió que el país enfrenta un riesgo real de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027 si el Congreso no aprueba la Ley Integral contra el Lavado de Dinero. El organismo publicó un comunicado explicando que las consecuencias afectarían la economía, las inversiones y la reputación internacional del país.
En su pronunciamiento, la Junta Monetaria explicó que la iniciativa 6593 es clave para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineando a Guatemala con estándares internacionales que ya aplican otros países de la región.
Según el comunicado, entrar en la lista gris implicaría mayores costos para las transacciones financieras, retrasos en operaciones internacionales y una reducción del acceso a mercados y corresponsalías bancarias, afectando tanto a empresas como a familias que dependen de remesas.
La JM advirtió que el impacto también sería reputacional, pues Guatemala podría ser percibida como un país vulnerable a capitales ilícitos, lo que frenaría la llegada de inversión extranjera y disminuiría la confianza de socios comerciales internacionales.
Además, el organismo alertó que una señal de incumplimiento obligaría al Estado a redoblar esfuerzos y recursos para combatir actividades ilícitas, incrementando la presión sobre las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El comunicado destaca que aprobar la ley antilavado permitiría blindar el sistema financiero, mantener la estabilidad macroeconómica y evitar sanciones internacionales que podrían afectar el crecimiento del país en los próximos años.
La JM recordó que Guatemala será evaluada por GAFILAT en 2027 y que el país necesita tiempo para emitir los reglamentos y adecuar sus instituciones, por lo que la aprobación de la ley debe ocurrir pronto para cumplir con los plazos establecidos.
Finalmente, la Junta Monetaria solicitó al Congreso tratar la iniciativa con “urgencia y responsabilidad”, insistiendo en que la estabilidad financiera y la reputación internacional de Guatemala dependen directamente de avanzar con la Ley Integral contra el Lavado de Dinero.
