La aprobación de la nueva ley antilavado en Guatemala volvió a entrar en una etapa de incertidumbre política. Aunque la iniciativa ya superó las tres lecturas obligatorias en el Congreso, la redacción final, que requiere al menos 107 votos, sigue sin acuerdos claros entre oficialismo y oposición, mientras crecen las dudas sobre posibles cambios que podrían debilitar la normativa.
El proyecto busca actualizar a Guatemala en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en medio de presiones internacionales para fortalecer los controles financieros del país. Sin embargo, las negociaciones se han estancado tras una serie de enmiendas de último momento que rompieron consensos previos entre diputados.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, convocó reuniones privadas entre jefes de bloque para intentar destrabar la discusión. Estas sesiones se han realizado a puerta cerrada, sin detalles públicos sobre los cambios propuestos o los puntos que generan conflicto dentro del Legislativo.
En los pasillos del Congreso se señala a algunas bancadas opositoras de retrasar la aprobación, aunque públicamente casi todos los sectores aseguran respaldar la iniciativa. Mientras tanto, diputados aliados y opositores mantienen versiones distintas sobre si ya existen acuerdos en torno a las enmiendas discutidas.
El analista político Guillermo Fuentes advirtió que algunas modificaciones podrían estar orientadas a flexibilizar la ley para proteger intereses políticos y empresariales vinculados a contratos estatales. Según explicó, existe preocupación por intentos de mantener “opacidad” en temas relacionados con financiamiento y empresas asociadas a diputados.
Fuentes también alertó que el periodo de receso legislativo reduce la capacidad de convocatoria para aprobar una norma de este nivel. Además, recordó que Guatemala enfrenta presión internacional para fortalecer sus mecanismos antilavado y evitar problemas financieros que incluso podrían impactar las remesas familiares.
Por su parte, Pablo Roldán Guerra señaló que el inicio del ambiente preelectoral rumbo a 2027 también está afectando las decisiones dentro del Congreso. Según explicó, muchos diputados ya están enfocados en alianzas, campañas y financistas, lo que podría influir en la falta de apoyo a artículos que impliquen mayores controles o riesgos políticos para futuras candidaturas.