A 5 meses de las elecciones generales, el gobierno de Honduras y el oficialismo de Libre enfrentan el impacto político de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos, anunciada oficialmente el 7 de julio. En un extenso comunicado de la Cancillería, la administración de Xiomara Castro intenta posicionar la narrativa de que “hizo todo lo posible” por evitar esta medida, mientras la oposición y sectores de la diáspora la acusan de no haber hecho lo suficiente.
Según el gobierno hondureño, desde el inicio de su gestión en 2022, se priorizó la renovación del TPS como eje de su política exterior. Aseguran haber enviado solicitudes formales a las administraciones de Biden y Trump, reforzado la red consular en Estados Unidos —con 18 oficinas operativas— y sostenido encuentros con legisladores y organizaciones de la sociedad civil para destacar el aporte de la comunidad tepesiana.
Sin embargo, la narrativa oficial enfrenta escepticismo, particularmente porque la decisión de cancelación proviene de la misma administración con la que Libre intenta construir cercanía: la de Donald Trump. Aunque el comunicado gubernamental subraya la “buena relación” con la actual Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (quien visitó Honduras hace 2 semanas), la cancelación del TPS obedece a que, según el Registro Federal de Estados Unidos, Honduras ya no reúne las condiciones extraordinarias que justificaron la protección hace 26 años.
📌|| COMUNICADO:
Con relación a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), para Honduras, por parte del Gobierno de Estados Unidos. pic.twitter.com/CNDKmiV8pH
— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) July 7, 2025
Entre los argumentos citados por el gobierno estadounidense están el aumento de la inversión extranjera —$1.8 mil millones en 2023—, la expansión de la infraestructura urbana y el plan gubernamental “Hermano, vuelve a casa”, lanzado en enero de 2025 para recibir a los retornados con apoyo económico, alimentario y laboral.
Para el oficialismo, esta es una maniobra de control de daños. El excanciller Enrique Reina, hoy candidato a la vicepresidencia por Libre, culpó a opositores como Salvador Nasralla, el candidato presidencial del Partido Liberal, de “boicotear” las gestiones desde Estados Unidos y defendió los supuestos avances del gobierno en materia migratoria y económica.
No obstante, la decisión estadounidense llega en un momento políticamente delicado. Libre busca la continuidad en el poder en un escenario electoral marcado por el desgaste institucional y la corrupción, además de la violencia, y la cancelación del TPS representa un duro golpe para más de 50,000 hondureños que, de perder ese estatus, quedarían expuestos a la deportación y la pérdida de empleos legales en Estados Unidos.
La oposición ha sido rápida en capitalizar el tema, cuestionando la eficacia diplomática del gobierno y acusándolo de priorizar afinidades ideológicas por encima de resultados concretos. Mientras tanto, miles de familias hondureñas enfrentan la incertidumbre, a la espera de alternativas legales en un escenario migratorio cada vez más restrictivo.
