El actual gobierno de Costa Rica aseveró que los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad Pública no dieron trámite al informe de inteligencia que reveló que 122 policías habrían estado vinculados con organizaciones criminales. El informe fue remitido a las autoridades durante el gobierno de Rodrigo Chaves.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo que los exfuncionarios son los responsables de no dar trámite al informe que fue remitido el 14 de abril de 2025 al exviceministro de Seguridad,Erick Lacayo, y al exdirector general de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo.
Seguridad verificó el estatus del informe e indicó que no se abrió ninguna investigación administrativa ni fue transferido al Ministerio Público. Campos dijo que la administración de Laura Fernández desconocía dicho informe, pero que ya ordenaron una investigación.
“Este informe, este Gobierno lo desconocía. Voy a ser claro y honesto con los costarricenses… cuando tuvimos conocimiento del informe (…) hemos revisado todo, no se ordenó ninguna investigación ni se mandó al Ministerio Público. Ayer mismo nosotros ordenamos la investigación”, aseguró el funcionario.
Campos dijo que de la investigación preliminar esperan que el Ministerio Público determine si se trata del cometimiento de delitos y si se podría procesar a los exfuncionarios que recibieron el informe y que no le dieron trámite.
El alto funcionario dijo que al conocer el informe había llamado a Lacayo para pedirle explicaciones, pero que este le pidió dos horas para darle una respuesta, pero que no le volvió a llamar. Campos mencionó que si bien el informe no es una prueba fehaciente, sí incluye señalamientos a personas mencionadas en otras investigaciones.
El reporte oficial
El informe señala a 122 policías que estarían vinculados con estructuras criminales en delitos como tráfico de drogas, contrabando de licores y trata de migrantes. Además, se les acusa de alertar a estructuras criminales sobre operativos y recorridos de patrullas. Los 122 policías pertenecerían a la Dirección Regional Brunca Sur.
El informe fue elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) e indica que los agentes se encargaban también avisar a los criminales sobre ordenes de captura giradas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que huyeran a tiempo.
