El gobierno del presidente Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley que busca modificar el Código Minero de Costa Rica para autorizar la minería metálica a cielo abierto en el Distrito de Cutris, ubicado en el cantón de San Carlos, en la provincia de Alajuela.
La iniciativa, que fue presentada el pasado 25 de noviembre en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24717, ha generado controversia debido a sus implicaciones ambientales y sociales.
El proyecto establece una reforma explícita a la legislación vigente, que actualmente prohíbe la minería a cielo abierto en todo el país, al permitir la exploración y explotación de metales preciosos, como el oro, en esta región específica.
El artículo 2 del proyecto autoriza al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de la Dirección de Geología y Minas, a emitir permisos y concesiones para la minería metálica a cielo abierto, limitándose exclusivamente al Distrito de Cutris.
Autorización y regulaciones para las concesiones
El gobierno ha subrayado que las empresas concesionarias deberán cumplir con la legislación nacional sobre derechos humanos, condiciones laborales justas, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción.
A pesar de este marco regulatorio, el proyecto ha sido cuestionado por expertos y ambientalistas, que señalan la incompatibilidad de la minería a cielo abierto con los principios de sostenibilidad ambiental defendidos por Costa Rica en otras áreas, como el turismo ecológico y la conservación de los recursos naturales.
El gobierno asegura que esta actividad podrá realizarse de manera “ambientalmente sostenible”, a pesar de la evidencia científica acumulada a lo largo de décadas que muestra los efectos devastadores de esta técnica minera, particularmente en relación con la contaminación de los suelos y fuentes de agua.
Modificaciones a las ganancias y el uso de elementos peligrosos
Según un comunicado de Casa Presidencial, el proyecto de ley contempla la eliminación de elementos peligrosos, como el mercurio, en los procesos de extracción.
Además, se plantea que el Estado recibirá una parte de las ganancias de las concesiones, aunque el porcentaje específico destinado al Estado será del 7%. Sin embargo, el uso de estas ganancias no está claramente definido en el proyecto de ley, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y el manejo de los recursos obtenidos.
El comunicado también detalla que el proceso de concesión será llevado a cabo a través de un sistema de subastas, en el que empresas internacionales con experiencia en minería serán las principales adjudicatarias. Sin embargo, el proyecto también abre la posibilidad de incluir cooperativas costarricenses y personas locales en el proceso, lo que ha sido considerado contradictorio por algunos analistas, dado que las cooperativas nacionales carecen de la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo este tipo de minería a gran escala.
Remediación ambiental y contradicciones en el enfoque
El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, destacó que la administración dará prioridad a la remediación de las zonas contaminadas por el mercurio, utilizando los recursos del Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF).
Según Tattenbach, el gobierno contratará a especialistas en minería del oro para desarrollar un plan de remediación y estimación de las reservas mineras en la región afectada. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada, ya que implica delegar en las propias empresas mineras la tarea de remediar los suelos contaminados, lo que podría generar conflictos de interés.
Reacciones y perspectivas
El proyecto de ley ha generado una fuerte reacción tanto de organizaciones ambientales como de la oposición política, que denuncian que el impulso a la minería a cielo abierto pone en riesgo los recursos naturales del país y contradice el modelo de desarrollo sostenible que Costa Rica ha defendido en foros internacionales.
La minería a cielo abierto es una actividad que ha sido rechazada en varias ocasiones por los sectores que defienden la preservación del medio ambiente, debido a los daños irreparables que puede causar en la biodiversidad y los ecosistemas.
El futuro de esta iniciativa legislativa depende ahora del debate en la Asamblea Legislativa, donde se espera que surjan más cuestionamientos sobre las implicaciones sociales, ambientales y económicas de permitir la minería a cielo abierto en una zona tan vulnerable como el norte de Costa Rica.
