El excomandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez, respondió a su inclusión en la lista de los 10 hondureños más buscados por la Policía Internacional (Interpol), acusando una persecución política” y una “venganza” en su contra. Según Vásquez, su único “delito” fue haber defendido la Constitución durante el golpe de Estado de 2009.
En un comunicado divulgado desde un lugar no revelado, Vásquez subrayó que no tiene miedo y rechazó las acusaciones que lo vinculan con la muerte del joven Isis Obed Murillo durante los enfrentamientos en el Aeropuerto Toncontín el 5 de julio de 2009, cuando Manuel Zelaya intentó regresar al país.
“No me escondo, no tengo miedo porque defender la patria nunca ha sido un crimen”, declaró Vásquez, quien era jefe del Estado Mayor Conjunto en el momento de los hechos.
El exmilitar, acusado de homicidio por la Fiscalía de Honduras junto con otros 2 generales retirados, enfrenta un juicio relacionado con los sucesos ocurridos cuando el entonces presidente Zelaya fue derrocado.
Mi caso refleja el uso del sistema judicial con fines políticos. Hago un llamado urgente a los organismos internacionales a observar esta grave violación. pic.twitter.com/x3GvUpIMoe
— Romeo Vásquez Velásquez (@RomeoVasquezAPH) March 23, 2025
La muerte de Murillo, presuntamente causada por un disparo de un fusil, generó la denuncia por parte de la Fiscalía, que también acusa a los militares de intentar asesinar a otro seguidor de Zelaya, Alex Roberto Zavala.
Aunque los 3 militares fueron detenidos inicialmente en enero de 2025 y enviados a prisión, las autoridades modificaron su situación legal, otorgándoles arresto domiciliario.
Sin embargo, en marzo, la Corte de Apelaciones revocó dicha medida, ordenando su regreso a prisión.
Mientras que los generales Cervantes y Puerto se presentaron de nuevo ante las autoridades, Vásquez sigue siendo prófugo, y la Interpol ha ofrecido una recompensa de 500.000 lempiras (aproximadamente 19.500 dólares) por su captura.
En su declaración, Vásquez defendió sus acciones en 2009, alegando que cumplió con una orden de la Corte Suprema de Justicia para evitar la instauración de una Asamblea Constituyente similar a la de otros países de la región, como Cuba y Venezuela.
Lamentó que ahora lo persigan por haber defendido la ley, y denunció que, mientras él enfrenta cargos por su postura política, otros individuos acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico reciben protección.
Vásquez calificó la situación como una persecución política y pidió a organismos internacionales como la ONU, la OEA y la CIDH que intervengan en su caso. Instó a que se garantice el respeto a sus derechos y a que el gobierno de Honduras proporcione pruebas claras de los cargos en su contra.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene que las acciones de los militares durante el golpe de 2009 fueron excesivas y que dispararon de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos, destacando que las fuerzas de seguridad utilizaron fusiles de alto calibre contra ciudadanos que ejercían su derecho a protestar.
Sin embargo, el Fiscal General, Johel Zelaya, ha rechazado las acusaciones de que el juicio a los exmilitares sea una persecución política.
