El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó el pasado 23 de diciembre de 2024 la Ley General de Minería Metálica, permitiendo la reactivación de la exploración, explotación y extracción de metales en el país. La nueva normativa derogó la prohibición de la minería metálica que estuvo vigente desde 2017 y comenzó a regir el 7 de enero de 2025, 15 días después de su sanción.
La ley autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y dominio marítimo de El Salvador, sin la necesidad de una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones, a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) se encargarán de proteger los recursos hídricos y garantizar el cumplimiento de las condiciones medioambientales.
El texto establece que la explotación minera podrá ser realizada únicamente por el Estado, aunque este podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluso en modalidad de economía mixta. Sin embargo, la ley no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.
Entre las restricciones más relevantes, la ley prohíbe el uso de mercurio, aunque no menciona ninguna limitación al uso de cianuro en los procesos de extracción. Asimismo, el uso de otras sustancias químicas deberá ser autorizado por la Dirección de Minas.
La normativa fue sancionada por Bukele y la ministra de Economía, María Luisa Hayem, el mismo día en que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre. Sin embargo, a pesar de la sanción inmediata, la ley no fue publicada en el Diario Oficial hasta el 10 de enero de 2025, trece días después, lo que generó críticas sobre la demora en su publicación oficial. Según el artículo 140 de la Constitución de la República, una ley no entra en vigencia hasta al menos ocho días después de su publicación, lo que significa que su aplicación debería haber comenzado el 18 de enero, y no el 7 de enero, si se hubiera cumplido estrictamente con el plazo constitucional.
Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han expresado su preocupación por la forma en que se están manejando las fechas de publicación y vigencia de las leyes en El Salvador, en medio de un contexto político y social tenso. La entrada en vigor de la Ley General de Minería Metálica marca un cambio significativo en la política minera del país, con implicaciones tanto para la economía como para el medio ambiente.
