El Salvador conmemora este 16 de enero el 34 aniversario de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992 en México. Estos pusieron fin a la guerra civil que se extendió entre 1981 y 1992. La firma ocurrió bajo mediación de Naciones Unidas.
Participaron el Gobierno salvadoreño y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La guerra civil dejó más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos. También provocó graves daños sociales, humanos y económicos.
Con los Acuerdos de Paz de El Salvador, ambas partes acordaron el cese definitivo de las hostilidades. Además, iniciaron un proceso de reformas políticas, militares y judiciales.
Reformas institucionales tras los acuerdos
Tras la firma, el país reformó el sistema judicial y creó nuevas instituciones de derechos humanos.
Asimismo, disolvió cuerpos de seguridad militarizados, se redujo el ejército y se fundó una policía civil. Además, cerca de 7,900 combatientes del FMLN se desmovilizaron.
La exguerrilla se transformó en partido político y participó en elecciones desde 1994. En 2009 y durante 10 años, gobernó el país, con 2 presidencias consecutivas.
Avances y deudas pendientes
Organizaciones de derechos humanos señalan avances en materia democrática tras los acuerdos. Sin embargo, también advierten sobre deudas pendientes con las víctimas del conflicto armado.
Casos como la masacre de El Mozote siguen en procesos judiciales inconclusos. Estos procesos se reabrieron tras la anulación de la ley de amnistía en 2016.
Defensores de derechos humanos indican que varios casos permanecen estancados. Atribuyen esta situación a decisiones judiciales y cambios institucionales recientes.
Postura oficial sobre la conmemoración
En los últimos años, el Gobierno dejó de realizar actos oficiales por los Acuerdos de Paz.
El presidente Nayib Bukele ha cuestionado públicamente su impacto.
Por decreto, el Ejecutivo estableció el 16 de enero como Día de las Víctimas del Conflicto Armado. La medida sustituyó la conmemoración oficial de la firma del acuerdo.
Según el decreto, el cambio busca reconocer a quienes perdieron la vida durante la guerra. El Gobierno sostiene que los acuerdos no generaron mejoras directas en derechos básicos.
El impacto económico de la guerra
El conflicto armado, en el que la guerrilla tenía como objetivo militar el aparato productivo del país, generó pérdidas directas se estiman en más de $2,500 millones, debido a la destrucción de infraestructura pública, viviendas y medios de producción. Carreteras, sistemas de agua y edificios estatales resultaron gravemente dañados, lo que frenó la actividad productiva y la inversión.
Durante el conflicto, la economía registró un fuerte deterioro. El PIB per cápita mostró un crecimiento anual promedio negativo de -1.9 %, con caídas más pronunciadas a inicios de la década de 1980. La inflación anual promedió 18 %, lo que redujo el poder adquisitivo de los hogares. Además, la destrucción de viviendas afectó a cerca del 25 % de los hogares, profundizando la pobreza y la desigualdad.
El esfuerzo bélico absorbió una parte significativa de los recursos públicos. El gasto en defensa representó en promedio 21 % del presupuesto nacional, mientras la economía permanecía en recesión. La guerra se sostuvo, en gran medida, por ayuda externa, principalmente de Estados Unidos, que aportó entre $4,000 y $6,000 millones en asistencia económica y militar. Esta dependencia condicionó las finanzas públicas y dejó efectos estructurales que continuaron tras el fin del conflicto.
Aunque oficialmente a la fecha le borraron la validez y las nuevas generaciones desconocen el significado de esta, los Acuerdos de Paz de El Salvador siguen marcando la historia nacional, entre millones de sobrevivientes que vieron cara a cara la crudeza de una guerra interna.
