El periodismo independiente en Nicaragua atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcado por el exilio forzado, la autocensura y un patrón sostenido de represión que se volvió menos visible en 2025.
No obstante, la represión es más persistente y difícil de denunciar, según un informe presentado en San José por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
La Sistematización Anual 2025 documenta 115 violaciones a la libertad de prensa, un aumento significativo frente a los 81 casos registrados en 2024.
Todo ello, pese a que el número de periodistas que aún ejercen dentro del país se ha reducido drásticamente.
Para FLED, este incremento confirma la continuidad de un patrón sistemático de agresiones impulsado desde el Estado y estructuras afines.
Más de 300 exiliados
El informe advierte que la aparente menor visibilidad pública de algunas agresiones no responde a una mejora del entorno, sino a un cambio en las estrategias represivas.
Estas ahora están desplazadas con mayor fuerza hacia el ámbito digital y a mecanismos fragmentados y silenciosos que profundizan la autocensura.
Las agresiones incluyen hostigamiento institucional, vigilancia, restricciones a la movilidad, detenciones arbitrarias y campañas de estigmatización, especialmente a través de redes sociales y plataformas oficialistas como El 19 Digital.
Uno de los datos más alarmantes es el exilio forzado. Durante 2025, al menos 26 periodistas abandonaron Nicaragua para proteger su vida, elevando a 309 el número de comunicadores exiliados desde el inicio de la represión en 2018.
Entre ellos directores, editores, reporteros y fotógrafos. En decenas de casos, las autoridades migratorias negaron el reingreso al país, dejándolos en condición de apatridia de facto.
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Apagón informativo
FLED también alerta sobre la opacidad institucional en casos de periodistas detenidos o sometidos a medidas restrictivas, sin información oficial verificable sobre su situación jurídica, lo que mantiene a las familias y al gremio en un clima permanente de incertidumbre y miedo.
En muchos casos, varios periodistas fueron presionados para operar como informantes del régimen y orejas de sus colegas en el exilio.
El impacto trasciende al gremio. La organización identificó a Chinandega como nuevo desierto informativo, elevando a once los departamentos sin cobertura independiente.
Eso equivale al 65 % del territorio nacional. Esta ausencia, subraya el informe, limita el acceso ciudadano a información plural y refuerza la centralización del discurso oficial.
Pese a este escenario, FLED destacó la resiliencia y el compromiso ético de los periodistas que continúan informando desde el país y el exilio, muchas veces en condiciones de precariedad extrema.
