El diputado José Chic citó a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP), de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Comisión Nacional contra la Corrupción, para esclarecer las causas de la falla en las cámaras del penal Fraijanes 2, en Guatemala, de donde se fugaron 20 prisioneros. Según explicó, el penal contaba con 8 cámaras activas, pero dejaron de funcionar tras la finalización del convenio con la empresa encargada del mantenimiento.
De acuerdo con el congresista, el contrato venció en agosto de 2024 y desde entonces las autoridades penitenciarias ya no tienen acceso a las grabaciones. “Desde agosto del 2024 se quedó sin efecto el convenio. ¿Dónde estuvo el subdirector de Informática para alertar sobre esto? ¿Tienen reportes?”, cuestionó Chic durante la citación.
El subinspector de Operaciones del SP, Erick Barrera Godoy, confirmó que las cámaras “no están funcionando” y que actualmente el penal carece de sistemas de seguridad visual.
Por su parte, el director del SP, Mario Luis Pacay, explicó que el presupuesto asignado no permitió renovar los equipos ni adquirir bloqueadores de señal, elementos clave para el control interno de los reclusos.
La situación se agrava porque la última grabación disponible data de octubre de 2023, lo que significa que no hay evidencia visual reciente sobre los movimientos dentro del penal. Según la información compartida por los investigadores, los equipos fueron reparados temporalmente en enero de 2024, pero posteriormente dejaron de transmitir imágenes.
Durante una conferencia de prensa, Marylin Solange Castillo, de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, afirmó que las cámaras existentes fueron manipuladas, lo que ha dificultado la recopilación de pruebas sobre la fuga.
“Hubiera sido más fácil investigar si se tuvieran esos sistemas activos; pero si hay personal involucrado del Sistema Penitenciario, es evidente que no íbamos a tener acceso a las grabaciones”.
La falta de videovigilancia en Fraijanes 2 se suma a los cuestionamientos sobre la seguridad en el sistema carcelario de Guatemala, que ya enfrenta crisis por fugas, corrupción interna y la presencia de estructuras criminales activas dentro de los penales.