El Colegio de Abogados de Guatemala denuncia al juez Orellana por prevaricato

La denuncia se suma a la advertencia de la Corte de Constitucionalidad, que lo señaló por fallos que habrían puesto en riesgo el orden democrático.

El cuestionado juez guatemalteco Freddy Orellana.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) presentó este jueves una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial contra el juez Fredy Raúl Orellana Letona, por presuntas faltas éticas y violaciones a la Constitución.

La acción fue motivada por resoluciones emitidas por el juez que, según el CANG, contravienen principios fundamentales como la imparcialidad, la independencia judicial y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Las decisiones de Orellana, indica el gremio, habrían puesto en riesgo el equilibrio de poderes en el país y debilitado la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

“La emisión de resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República afecta la integridad del gremio profesional y la estabilidad institucional del país”, señala el comunicado del Colegio, que reafirmó su compromiso con el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia guatemalteca.

Esta denuncia llega pocos días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) advirtiera al juez Orellana por su actuación en el caso del partido Movimiento Semilla. En una resolución del 29 de octubre, dentro del expediente 6175-2023, la CC indicó que el juez pudo haber incurrido en el delito de prevaricato, al decretar la nulidad “absoluta” del partido político y ordenar oficios al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso de la República.

Además de desestimar la resolución, la Corte de Constitucionalidad advirtió al juez Fredy Orellana. Le pidió que se abstenga de emitir nuevas disposiciones que puedan contravenir el sistema electoral democrático o violar la Constitución.

El máximo tribunal recordó que “los resultados del proceso electoral son inalterables” y que cualquier intento de modificarlos puede constituir una falta grave o incluso prevaricato.

 

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