El más reciente informe del Monitoreo Azul y Blanco registró 77 personas presas políticas en Nicaragua al cierre de octubre, de las cuales 36 permanecen en condición de desaparición forzada.
Esta una práctica, según la organización, se ha consolidado como herramienta de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El reporte documenta 150 detenciones arbitrarias entre enero y septiembre de 2025, aunque más de 80 casos adicionales continúan sin confirmación debido al clima de miedo, hostigamiento y silencio impuesto por las autoridades.
Adultos mayores secuestrados
Las familias denuncian amenazas por intentar denunciar o buscar a sus seres queridos, lo que ha provocado desplazamientos forzados dentro y fuera del país.
El mecanismo destaca que la represión afecta principalmente a personas adultas entre 36 y 65 años, el 69 % del total, pero también alcanza a jóvenes y adultos mayores.
Un 27 % de las personas presas políticas supera los 60 años, lo que agrava su vulnerabilidad frente a los malos tratos y la falta de atención médica.
Entre los nombres más conocidos figuran el líder indígena Brooklyn Rivera, el exguerrillero Henry Ruiz y la diputada Nancy Henríquez.
Crímenes desde 2018
El informe subraya que la desaparición forzada afecta de forma desproporcionada a las mujeres: de las 12 detenidas, nueve (75 %) se encuentran desaparecidas.
Los departamentos más afectados son Carazo, Managua y Masaya, con una concentración del 73 % de los casos.
Desde 2018, organismos internacionales como la ONU y la CIDH han advertido que el Gobierno nicaragüense mantiene un patrón sistemático de persecución política, que incluye detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, en un contexto de cierre total del espacio cívico y religioso.