Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta el uso de tecnología de vigilancia y espionaje para el control de la población en Nicaragua.
La investigación revela cómo el Ejército de Nicaragua, que hasta ahora había negado su participación en la represión, desempeña un papel activo en la recopilación de información sobre ciudadanos y en la ejecución de operativos represivos, en coordinación con otras instituciones del Estado.
El informe señala que el Ejército tiene acceso directo a bases de datos y sistemas de inteligencia gestionados por la Policía Nacional y otras entidades estatales, permitiéndole identificar, vigilar y perseguir a personas consideradas opositoras.
Este sistema de control, según el documento, se apoya en intercepciones ilegales de comunicaciones, censos poblacionales y vigilancia digital, con respaldo logístico y tecnológico de Rusia y China.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre #Nicaragua pide una acción global decisiva tras un nuevo informe advirtiendo de que el Gobierno ha desmantelado los últimos controles que quedaban sobre su poder.
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Red de espionaje estatal con apoyo extranjero
El documento indica que la Policía Nacional, bajo el mando de Francisco Díaz, opera un centro de información e inteligencia, desde donde se identifican y monitorean a ciudadanos considerados críticos del gobierno.
Esta información es compartida con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua, una instancia que también se nutre de interrogatorios en centros penitenciarios y datos recopilados en operativos de vigilancia.
Además, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) desempeña un papel clave en la intervención de llamadas, mensajes y redes sociales, facilitando información a la Policía y al Ejército.
Con la reciente aprobación de la Ley N° 1223, la vigilancia y geolocalización de personas han sido legalizadas bajo el argumento de la seguridad nacional, lo que ha intensificado el monitoreo y la represión.
El informe también menciona que la información recopilada a través de estas plataformas es utilizada para la persecución y hostigamiento de opositores dentro y fuera del país, con la participación de estructuras partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otras instancias de gobierno.
El Ejército en la represión desde 2018
Por primera vez, el Grupo de Expertos de la ONU expone pruebas sobre la participación directa del Ejército de Nicaragua en la represión de las protestas de 2018, algo que la institución castrense ha negado reiteradamente.
De acuerdo con el informe, el Ejército colaboró con la Policía Nacional y grupos paramilitares en la ejecución de acciones represivas, incluyendo el uso de francotiradores, armas de guerra y tácticas de combate que resultaron en ejecuciones extrajudiciales.
La investigación señala que, dos días después del inicio de las protestas, se celebró una reunión de alto nivel en el Ejército, donde se transmitió la orden presidencial de neutralizar a los manifestantes.
En esta instancia participaron mandos de diferentes unidades militares, incluyendo la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, el Estado Mayor y el Comando de Operaciones Especiales.
El informe destaca que la institución castrense facilitó armas a la Policía y a grupos paramilitares, además de desplegar personal vestido con uniformes policiales o ropa civil para participar en operativos de represión.
También detalla que en varias ciudades se utilizaron fusiles de precisión y vehículos militares en enfrentamientos con manifestantes.
Vigilancia y control dentro y fuera del país
El documento expone la existencia de un sistema de control ciudadano, en el que el Ministerio de Salud (MINSA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) también desempeñan un papel clave.
En los municipios, el personal del MINSA recopila información en censos de salud, donde se pregunta a los ciudadanos sobre su ubicación, sus vínculos familiares y su afiliación política.
La UAF, por su parte, monitorea las cuentas bancarias de personas opositoras y puede congelar fondos si se considera que están vinculadas a actividades contrarias al gobierno.
El Ejército de Nicaragua, brazo ejecutor de la dictadura
El Ejército, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, ha sido un brazo ejecutor de la dictadura. La nueva evidencia presentada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) confirma lo…
— Félix Maradiaga (@maradiaga) February 26, 2025
Asimismo, el informe documenta un seguimiento constante a ciudadanos dentro y fuera de Nicaragua. Personas exiliadas en otros países han denunciado ser víctimas de vigilancia y acoso, a través de presiones ejercidas sobre sus familiares en Nicaragua.
En algunos casos, se ha exigido que los exiliados envíen fotografías de su ubicación actual o informen sobre sus actividades diarias.
El estudio también identifica casos de desapariciones forzadas, donde personas detenidas arbitrariamente han sido trasladadas a centros clandestinos, sin que sus familiares tengan información sobre su paradero.
Conclusión del informe y llamados a la comunidad internacional
El Grupo de Expertos de la ONU concluye que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un Estado de vigilancia total con el apoyo del Ejército, la Policía y diversas instituciones gubernamentales.
Según la investigación, esta estructura ha permitido la ejecución de crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Ante esta situación, los expertos han instado a la comunidad internacional a reforzar las sanciones contra altos mandos militares y policiales, así como a activar mecanismos de investigación y enjuiciamiento internacional para los responsables de estos hechos.
El informe también advierte que la falta de acción internacional fortalece al régimen y prolonga la represión contra la población nicaragüense, por lo que se recomienda la aplicación de medidas diplomáticas y judiciales para frenar las violaciones de derechos humanos en el país.
