La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a teñir de luto a Nicaragua. Este sábado se confirmó que el abogado Carlos Cárdenas Zepeda, exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal y preso político, fue entregado muerto a su familia tras 15 días de detención arbitraria y desaparición forzada.
La Gran Confederación Opositora (GCON) denunció que Cárdenas, detenido sin orden judicial, fue devuelto sin vida a sus parientes bajo estricta vigilancia policial, lo que refuerza las sospechas de que fue asesinado en custodia estatal
“Estamos ante un crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura Ortega-Murillo”, advirtió la organización en un comunicado.
Carlos Cárdenas no era un desconocido para el régimen. En 2018 había sido detenido en Managua durante la represión masiva contra manifestantes y líderes sociales.
Como jurista, había trabajado en la defensa de sacerdotes y en asesorías legales para la Iglesia católica, una institución que desde 2018 ha sido blanco constante de persecución, confiscaciones y destierros por parte del poder sandinista.
Un patrón de asesinatos en prisión
Este crimen se suma al del opositor Mauricio Alonso Petri, entregado muerto el pasado 25 de agosto en circunstancias similares, elevando a seis el número de prisioneros políticos asesinados en cárceles nicaragüenses desde 2018.
Según organizaciones de derechos humanos, actualmente existen 77 presos políticos, de los cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzosa, sin información oficial sobre su paradero.
El asesinato de Cárdenas ocurre en una fecha simbólica: el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, conmemorado en todo el mundo como una jornada de denuncia contra la tortura y la impunidad.
En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo ha hecho de la desaparición y el ocultamiento de cadáveres una práctica sistemática, según ha documentado la ONU y organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
Terror entre familiares
Fuentes cercanas confirmaron que la familia del abogado se encuentra bajo vigilancia policial, en un ambiente de intimidación que busca silenciar cualquier denuncia pública. “El mensaje del régimen es claro: nadie está a salvo, cualquiera puede desaparecer y morir en manos del Estado”, declaró un defensor de derechos humanos en el exilio en Costa Rica.
La comunidad internacional y organismos multilaterales ya han sido advertidos: el asesinato de Carlos Cárdenas no es un hecho aislado, sino parte de una política de represión sistemática que coloca al régimen Ortega-Murillo en la lista de gobiernos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
