El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones migratorias que prohíbe el ingreso al país a funcionarios centroamericanos y a sus familiares por “promover o facilitar el trabajo forzado” de médicos cubanos en sus territorios, bajo el esquema de brigadas médicas internacionales promovidas por el régimen de La Habana.
El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no reveló nombres ni el número de personas afectadas, ni dejó claro si las medidas alcanzan tanto a funcionarios en ejercicio como a exautoridades que hayan suscrito o defendido dichos convenios.
Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca, la política exterior de Estados Unidos sanciona tanto a funcionarios en función como a otros retirados, como quedó demostrado este año con la cancelación del visado al exmandatario costarricense Óscar Arias, por facilitar acuerdos con China cuando estaba en funciones.
“El programa cubano de exportación de mano de obra abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país”, dijo Rubio.
La medida afecta de lleno a gobiernos de Centroamérica con historial de colaboración médica con Cuba.
Según datos oficiales y declaraciones públicas, al menos seis países han recibido brigadas cubanas en las últimas décadas. Solo Costa Rica aparece como excepción, al no mantener ningún convenio vigente con La Habana desde hace años.
Entre los países implicados figuran:
- Guatemala, donde el acuerdo más reciente fue firmado en agosto de 2024 y se extenderá hasta 2027. Más de 400 colaboradores cubanos han trabajado en zonas rurales del Corredor Seco, según su Ministerio de Salud.
- Honduras, que recibió en febrero de 2024 a una brigada de 100 médicos con múltiples especialidades, como oncología, cardiología y ortopedia, bajo elogios del canciller Eduardo Enrique Reina.
- Nicaragua, donde las brigadas cubanas tienen presencia desde los años 80 y operaron intensamente durante la pandemia de COVID-19. Además, ambos gobiernos mantienen un régimen de libre visado que ha facilitado el tránsito irregular de miles de cubanos hacia Estados Unidos.
- El Salvador, donde las brigadas fueron retiradas en 2019 tras una investigación por ejercicio ilegal de la medicina por parte de cubanos del programa “Misión Milagro”, ejecutado por gobiernos del FMLN.
- Panamá, que solicitó apoyo cubano durante la pandemia y recibió 99 médicos por más de ocho meses entre 2020 y 2021.
- Belice, cuyo gobierno reaccionó este mismo mayo a críticas de Washington asegurando que los médicos cubanos reciben su salario directamente y sin intermediarios del Estado cubano. “Rechazamos cualquier acusación de trabajo forzado”, declaró su canciller Francis Fonseca.
Trabajo forzado como eje de la sanción
El Departamento de Estado acusa al régimen cubano de explotar económicamente a sus médicos al quedarse con entre el 70 y 90 % de sus salarios, restringir su libertad de movimiento y presionarles para no abandonar las misiones.
La administración Trump ya había iniciado acciones similares bajo su política de “máxima presión” contra La Habana.
La actual administración republicana, de vuelta en el poder desde enero de 2025, ha renovado esas estrategias, con un enfoque más amplio que apunta ahora a gobiernos latinoamericanos que colaboren con estos esquemas.
Aunque el comunicado de este martes no especifica países, la inclusión de familiares en las restricciones apunta a una escalada diplomática con impacto directo en las élites políticas y administrativas de Centroamérica. Rubio también exhortó a otras naciones a sumarse a la iniciativa, argumentando que se trata de una “causa moral”.
La medida llega en un contexto regional complejo, donde Estados Unidos también ha endurecido sus políticas migratorias, reactivado deportaciones masivas y desmantelado programas humanitarios, afectando especialmente a nicaragüenses, hondureños y cubanos.
Aún no se conoce si estas restricciones derivarán en nuevas rupturas diplomáticas o litigios internacionales, pero expertos prevén que los países sancionados enfrenten presiones crecientes si no desisten de sus alianzas con Cuba.
La medida, por ahora, marca un giro significativo en la política exterior estadounidense hacia Centroamérica.
El Departamento de Estado declaró en enero que datos del gobierno cubano indican que, para finales de 2021, alrededor de 28,000 trabajadores cubanos estaban desplegados en más de 60 países. Expertos estiman que La Habana obtiene entre 6,000 y 8,000 millones de dólares anuales por la exportación de servicios, principalmente a través de su programa de misiones médicas en el extranjero.
La Fundación de Derechos Humanos, con sede en Nueva York, afirmó en 2022 que Cuba ha “sometido a más de 400,000 trabajadores médicos a trabajos forzados, retención de pagos, separación familiar y condiciones laborales deplorables” mediante lo que denominó una red de trata de personas que se convirtió en la principal fuente de ingresos extranjeros del gobierno.
